Congreso de Intendentes analiza posible rebaja en multas de tránsito y abre debate sobre seguridad vial y morosidad

El Congreso de Intendentes resolvió crear una comisión especial para estudiar una eventual rebaja en el costo de las multas de tránsito, en particular las vinculadas al exceso de velocidad. La decisión, adoptada este jueves, se enmarca en un debate político instalado en el Parlamento y en la preocupación de los gobiernos departamentales por los altos niveles de morosidad en el pago de infracciones.
El Presidente del organismo e intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, aseguró que existe “voluntad” entre los jefes comunales para “readecuar” los valores de las sanciones y revisar las modalidades de notificación y cobro. El objetivo es que en la próxima sesión, prevista para el 17 de marzo, se presente una postura común respaldada por información técnica y aportes de las distintas intendencias.

Proyecto en el Parlamento y contexto político

La discusión tomó impulso luego de que los diputados Conrado Rodríguez (Partido Colorado), Sebastián Andújar (Partido Nacional) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) presentaran un proyecto de ley para reducir a la mitad el valor de las multas por exceso de velocidad.
La iniciativa surgió en un escenario de cuestionamientos públicos al costo de las sanciones y a su impacto en la economía de los conductores. Olivera subrayó que cualquier modificación no debe tener un fin meramente recaudatorio ni responder a presiones políticas coyunturales.
“Adecuar valores para que sean multas pagables para el bolsillo de un trabajador, pero que persigan el fin que es mejorar la forma en la que manejamos los uruguayos”, expresó.

Morosidad: el eje central

Uno de los puntos neurálgicos del debate es la morosidad. Según datos manejados por el Congreso, en la mayoría de los departamentos el incumplimiento en el pago de multas ronda el 70%.
Olivera atribuyó este fenómeno al momento en que se “desenganchó” el pago de infracciones del pago de la patente de rodados. Hasta la Rendición de Cuentas de 2023, los contribuyentes no podían abonar la patente si tenían multas pendientes. Esa disposición fue modificada y permitió pagar la patente independientemente de las sanciones.
Posteriormente, el actual gobierno volvió a establecer la obligatoriedad de saldar las multas junto con la patente desde marzo de este año, incorporando además un sistema de bonificaciones para incentivar la regularización.
“Si usted puede elegir entre pagar o no pagar una sanción, deja de ser una sanción”, afirmó Olivera, al sostener que el desacople debilitó el carácter disuasivo del sistema.

Comisión técnica y análisis de datos

La comisión creada estará integrada por los intendentes Francisco Legnani, Richard Sander y Felipe Algorta, además del propio Olivera.
El grupo analizará el proyecto parlamentario junto con un informe técnico del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), que detalla niveles de recaudación y morosidad antes y después del cambio normativo.
Legnani aportó cifras del departamento de Canelones: la morosidad en multas alcanza el 40%, frente a un 15% en la patente. En términos presupuestales, indicó que la recaudación por multas representa menos del 3% del presupuesto anual departamental.

“Ojalá pudiésemos no aplicar ni una sola multa”, expresó, aunque aclaró que los controles han demostrado resultados positivos.

Seguridad vial: la postura de Unasev

Según estadísticas de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), en los puntos donde se instalaron radares se registró una reducción del 17,4% en la cantidad de lesionados y del 52,9% en la cantidad de fallecidos.
Para varios intendentes, estos datos evidencian que la fiscalización tecnológica tiene efectos concretos en la conducta de los conductores.
Sin embargo, desde la Unasev se expresaron discrepancias con la propuesta de reducir las multas. Su presidente, Marcelo Metediera, sostuvo que la experiencia reciente no respalda esa medida y recordó que en 2023 ya se aplicó una reducción sin que se verificara una baja sostenida de la siniestralidad.

“No comparto ni los fundamentos ni el análisis. Es una lectura parcial y simplista de un problema complejo”, afirmó. A su entender, los países que han logrado mejoras significativas en seguridad vial lo hicieron mediante políticas integrales que combinan educación, fiscalización constante, sanciones efectivas, sistemas de puntos y cambios culturales sostenidos.
“Nada funciona de forma aislada. Bajar multas puede ser una medida simpática desde lo político, pero no salva vidas”, concluyó.

Entre la recaudación y la prevención

Aunque la recaudación por multas no constituye un porcentaje elevado de los presupuestos departamentales, sí representa recursos que en muchos casos se destinan a infraestructura y programas vinculados a la movilidad.
El Congreso de Intendentes deberá ahora equilibrar posiciones: mantener el carácter sancionatorio y disuasivo de las multas, pero asegurar su efectivo cobro y evitar niveles de incumplimiento que vacíen de contenido el sistema.

El 17 de marzo la comisión presentará un informe con recomendaciones.
Ese documento servirá de base para que el Congreso adopte una posición institucional ante el Parlamento, que tendrá la última palabra sobre el proyecto de ley.

Mientras tanto, el debate continúa abierto: cómo encontrar el punto de equilibrio entre sanción, recaudación y prevención en un país donde la siniestralidad vial sigue siendo una preocupación pública persistente