Vecinos del barrio Olímpico denuncian desalojos y reclaman soluciones habitacionales tras décadas de pago

Mónica Aranda expuso la compleja situación que atraviesan varias familias en Artigas, donde enfrentan desalojos y la obligación de reiniciar contratos, en medio de vacíos legales y falta de respuestas institucionales.

Una problemática histórica que se arrastra desde la dictadura

La vecina del barrio Olímpico, Mónica Aranda, relató que la situación habitacional tiene raíces profundas que se remontan a la época de la dictadura, cuando se entregaron las primeras viviendas del plan GC24. Según explicó, tras el retorno a la democracia, muchas familias vivieron durante años sin servicios básicos como luz y agua, en condiciones precarias.

“Vivimos tres años sin nada”, recordó Aranda, subrayando que, si bien esas dificultades forman parte del pasado conocido, hoy el problema ha tomado un nuevo giro que afecta directamente la permanencia de los actuales ocupantes.

Intimaciones, desalojos y contratos que vuelven a empezar

La situación actual, es crítica. La Agencia Nacional de Vivienda ha comenzado a enviar intimaciones y órdenes de desalojo a familias del barrio. En algunos casos, ya se han concretado desalojos, otorgando plazos mínimos para abandonar las viviendas.
Aranda señaló que muchos de los titulares originales han fallecido, lo que obliga a los actuales ocupantes —en su mayoría familiares directos— a firmar nuevos convenios para continuar en sus hogares. Esto implica reiniciar contratos de hasta 25 años, independientemente de los años ya abonados.

“Hay gente que lleva 40 o 45 años pagando. En mi caso, al fallecer mis padres, tengo que empezar de cero”, expresó. La situación, calificó, es “insólita”, considerando que existen familias que podrían terminar pagando sus viviendas durante más de 70 años.

Vacíos legales y falta de respuestas institucionales

Otro de los puntos críticos planteados por Aranda es la falta de claridad jurídica sobre la propiedad de las viviendas y los terrenos. Mientras la Agencia Nacional de Vivienda cobra por las construcciones, según explicó, los terrenos estarían bajo la órbita de la Intendencia, lo que genera un entramado administrativo confuso.
Además, cuestionó la ausencia de respuestas por parte de las autoridades locales y nacionales. 

“Fuimos a la Intendencia, a la Junta, a diputados y senadores, y nadie se hace cargo”, afirmó.

La vecina también relató intentos fallidos de regularizar la situación a través de una sucesión, lo que fue descartado por no existir títulos de propiedad formales. Ante este escenario, la única alternativa ofrecida es la firma de nuevos contratos o el desalojo.

Reclamo por soluciones y  equidad en el acceso a la vivienda

Aranda comparó la situación con otros programas habitacionales actuales, donde —según indicó— se otorgan soluciones en plazos mucho menores. En ese sentido, cuestionó la falta de equidad y pidió una revisión urgente de los casos del barrio Olímpico.

“Se supone que estas viviendas eran para una mejor vida, pero hoy estamos en riesgo de quedar en la calle”, concluyó.