Hospital Policial realizará hoy el primer procedimiento legal de eutanasia en Uruguay

Una paciente oncológica de 69 años cumplió con todos los requisitos previstos por la ley aprobada en 2025

El Hospital Policial se prepara para concretar este viernes, a las 11:00 horas, el primer procedimiento legal de eutanasia en Uruguay, luego de que una paciente oncológica de 69 años completara todas las instancias previstas por la normativa vigente.

La mujer permanece internada desde hace diez días en el centro asistencial y el pasado miércoles 20 de mayo firmó el consentimiento definitivo para acceder a la prestación médica. Según establece la reglamentación, el paciente puede desistir de la decisión en cualquier etapa previa al procedimiento.

La paciente padece un cáncer de páncreas avanzado con metástasis pulmonar, renal y hepática. En los últimos meses había optado por suspender estudios y tratamientos debido al avance irreversible de la enfermedad, manteniéndose bajo cuidados paliativos.

De acuerdo a la información difundida, la decisión de solicitar la eutanasia había sido tomada desde enero de este año, motivada por el deterioro de su estado de salud y el sufrimiento físico derivado de la enfermedad terminal.

Acompañamiento familiar durante el proceso

Durante todo el procedimiento administrativo y médico, la mujer estuvo acompañada por uno de sus hijos mayores. La paciente es madre de seis hijos, dos de ellos adoptados.

El caso marca un hecho histórico para el sistema sanitario uruguayo y para la región, ya que Uruguay se convirtió en octubre de 2025 en el primer país de América en legalizar la eutanasia mediante una ley aprobada por el Parlamento.

La reglamentación definitiva de la prestación médica fue oficializada en abril de este año, estableciendo protocolos específicos, instancias de evaluación profesional y garantías jurídicas para pacientes y equipos médicos.

Un debate ético y social que continúa abierto

La aplicación de la ley reabre además el debate ético, médico y social en torno al derecho a una muerte digna, la autonomía de los pacientes y los límites de las intervenciones terapéuticas en enfermedades terminales.

Mientras sectores vinculados a los derechos humanos y a la bioética respaldan la normativa como una ampliación de libertades individuales, otros grupos mantienen objeciones de carácter moral, religioso y filosófico.

Con este procedimiento, Uruguay inicia formalmente la aplicación práctica de una legislación que colocó al país en el centro de la discusión regional sobre el final de la vida y los derechos de los pacientes en situación irreversible.