Andrés Ojeda impulsa proyecto de ley para regular el apoyo militar en la lucha contra el narcotráfico

El senador colorado presentó una iniciativa legislativa que busca establecer un marco jurídico para que el Ministerio del Interior pueda utilizar recursos logísticos e infraestructura del Ministerio de Defensa en tareas de seguridad interna. El planteo surge tras la polémica generada por el despliegue de vehículos blindados del Ejército en Montevideo.

Cuestionamientos a la implementación del patrullaje militar

La llegada de cuatro vehículos blindados del Ejército a Montevideo reavivó el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. En ese contexto, el senador de Andrés Ojeda anunció la presentación de un proyecto de ley orientado a fortalecer la seguridad interna mediante una mayor coordinación entre los ministerios del Interior y de Defensa.
Si bien el legislador respaldó el cambio de postura del gobierno frente al avance del narcotráfico, cuestionó la forma en que se presentó la medida. Según sostuvo, el proceso fue “muy desprolijo” debido a la falta de definiciones claras y a las diferencias públicas registradas dentro del Poder Ejecutivo, particularmente con el ministro de Trabajo, Juan Castillo.

“La guerra contra el narcotráfico es un tema grande e importante que no se puede atar con alambre”, afirmó Ojeda, quien señaló que su intención es aportar soluciones concretas en lugar de limitarse a las críticas.

Un proyecto con alcance más amplio

El senador explicó que la iniciativa no se limita al uso de vehículos blindados, sino que busca crear un marco legal más amplio para habilitar la utilización de recursos logísticos y de infraestructura del Ministerio de Defensa en apoyo a las estrategias de seguridad interna.

De acuerdo con Ojeda, existen múltiples capacidades dentro de las Fuerzas Armadas que podrían contribuir a la lucha contra el narcotráfico sin que ello implique la militarización de la seguridad pública.
Asimismo, el proyecto pretende establecer reglas claras para eventuales participaciones de efectivos militares en tareas vinculadas a la seguridad interna, definiendo sus competencias, responsabilidades y garantías jurídicas.

Regulación y compensación para el personal militar

Otro de los aspectos contemplados en la propuesta es la situación de los militares que eventualmente sean convocados para cumplir funciones de apoyo en estas tareas.

Ojeda sostuvo que aquellos efectivos que asuman responsabilidades extraordinarias deberían recibir una remuneración adicional, dado que se trataría de labores distintas a las que habitualmente desempeñan en áreas como la vigilancia fronteriza o la custodia de establecimientos penitenciarios.
El legislador remarcó además que, según la información disponible hasta el momento, la intención del gobierno no sería asignar a militares funciones directas de seguridad, más allá de la conducción de los vehículos. No obstante, consideró necesario prever escenarios excepcionales y definir previamente los alcances de cualquier eventual participación

Críticas a la comunicación del gobierno

Durante sus declaraciones, el senador también cuestionó la forma en que el Poder Ejecutivo comunicó la medida. A su juicio, las distintas versiones sobre quiénes operarían los vehículos —si policías previamente capacitados o personal militar— evidenciaron falta de coordinación y planificación.
Para Ojeda, el anuncio debió realizarse una vez que todos los aspectos jurídicos y operativos estuvieran resueltos. En ese sentido, sostuvo que la discusión pública posterior obligó a distintos actores políticos a intervenir para contribuir a una implementación más ordenada y efectiva de la iniciativa.
Con esta propuesta legislativa, el dirigente colorado busca establecer un marco normativo que permita fortalecer las herramientas del Estado en el combate al narcotráfico, al tiempo que regula el alcance y las condiciones de cualquier colaboración entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.