Jubilados reclaman mayor atención del Estado y cuestionan las políticas del BPS

Reinaldo Gorriero, recientemente jubilado y vinculado durante su trayectoria a la actividad de industria y comercio, presentó en conferencia de prensa las principales preocupaciones de un grupo de ciudadanos independientes. Cuestionó la falta de representatividad social, el retiro de servicios estatales en el interior y la pérdida de beneficios al momento de acceder a la jubilación.

“Los jubilados están más al final de la cola”

Reinaldo Gorriero, de 62 años y recientemente jubilado, fue uno de los protagonistas de una conferencia de prensa en la que un grupo de ciudadanos independientes expuso sus principales cuestionamientos al funcionamiento del sistema previsional y a la atención que reciben los adultos mayores.
Gorriero explicó que el equipo del que forma parte está integrado por ciudadanos independientes de ámbitos sindicales y gremiales, sin vínculos familiares o personales con funcionarios del Banco de Previsión Social (BPS), circunstancia que, según señaló, les permite expresar con mayor libertad una mirada crítica sobre el sistema.
“Eso nos pone en una situación de comodidad para expresar críticamente las deficiencias, las enormes deficiencias que estamos viendo en los sistemas previsionales que actualmente dirige el BPS”, sostuvo.
Desde su experiencia como jubilado, afirmó que existe una percepción de que quienes llegan a esta etapa de la vida quedan relegados en las prioridades del Estado.
“Los jubilados están al final de la cola. Yo diría que más que al final, donde termina la cola, un poco más para atrás”, expresó.

Críticas a las jubilaciones y al poder adquisitivo

Uno de los principales cuestionamientos planteados estuvo relacionado con el nivel de las jubilaciones y los incrementos que reciben los pasivos.
Gorriero cuestionó particularmente los discursos que, según indicó, sostienen que los jubilados no atraviesan dificultades económicas. En ese sentido, consideró insuficientes los aumentos que, en algunos casos, representan apenas unos cientos de pesos.
“Si tenemos en cuenta las medidas restrictivas con las que supuestamente nos ayudan, a veces dándonos 100 pesos de aumento, 200 pesos, 300 pesos, evidentemente los equipos representantes de estos sectores no están funcionando bien”, afirmó.
Como ejemplo de la situación que pretende poner sobre la mesa, mencionó el caso de una jubilación de 21.800 pesos y cuestionó que una persona que percibe ese monto pueda recibir un incremento de apenas 200 pesos y, al mismo tiempo, no ser considerada dentro de una situación de pobreza.

El reclamo por la presencia del Estado en el interior

Otro de los ejes de la exposición fue la pérdida de servicios públicos en localidades alejadas de las capitales departamentales.
Gorriero sostuvo que, a medida que se recorren zonas más alejadas de los principales centros urbanos, se observa una progresiva retirada de organismos y servicios estatales.
“Hay lugares donde no queda ni la comisaría, se fue la UTE, la OSE, el BPS, se fue todo el mundo, no queda nadie. El alcalde queda”, señaló.
A su entender, esta situación afecta especialmente a las personas mayores, muchas de ellas con dificultades de movilidad y de traslado, que deben recorrer decenas de kilómetros para realizar trámites que deberían poder resolver cerca de sus lugares de residencia.
“Eso hace que gente mayor, con dificultad de movimiento, de traslado, tenga que verse obligada a recorrer decenas de kilómetros a veces para hacer un trámite”, manifestó.

Cuestionamientos a la atención y al trato recibido

El reclamo no se limitó a la distancia de los servicios. Gorriero también cuestionó la calidad de la atención que reciben los jubilados cuando concurren a realizar gestiones.
Consideró que una sociedad que se define como tolerante y solidaria no debería permitir que las personas mayores tengan dificultades para acceder a una atención adecuada.
“Cuando llega al mostrador son mal atendidos. Ese tipo de cosas no pueden suceder en una sociedad que nos llamamos tolerantes y solidarios”, sostuvo.
En su planteo, también cuestionó la falta de presencia de representantes sociales en los lugares donde se presentan estas dificultades.

Beneficios que desaparecen al llegar a la jubilación

Otro de los aspectos señalados fue la pérdida de determinados beneficios vinculados a la salud y a elementos necesarios para mejorar la calidad de vida.
Gorriero puso como ejemplo las ayudas para lentes, audífonos y prótesis que pueden recibir los trabajadores y cuestionó que, al momento de jubilarse, algunos de estos beneficios dejen de estar disponibles.
“El Estado espera pacientemente que usted se jubile. El día que se jubila, le saca los beneficios. Tremenda injusticia social”, afirmó.

“Cuanto más precisa del Estado, el Estado se retira”.

“La jubilación no es un regalo”

Gorriero también cuestionó la concepción de la jubilación como una ayuda o beneficio otorgado por el Estado.
Según sostuvo, la jubilación debe entenderse como la devolución de los aportes realizados durante toda la vida laboral.
“Cuando le otorgan una jubilación, le están haciendo un favor, una especie de regalito. Y en realidad lo que está pasando es que le tiene que empezar a devolver el Estado aquello que el ciudadano aportó”, manifestó.
En esa línea, recordó que durante la vida activa los trabajadores realizan aportes sobre sus ingresos, con la expectativa de contar posteriormente con una prestación previsional.
“No es un regalo, no es una ayuda. Es una obligación de devolver”, remarcó.

Tres pilares para el reclamo

Gorriero resumió la propuesta del sector en tres grandes ejes: mejorar la atención a los jubilados, evitar la pérdida de beneficios al momento del retiro y garantizar jubilaciones que permitan una vida digna.
“No puede pasar que no se atienda mal, no puede pasar que nos saquen beneficios y no puede pasar que una jubilación de 21.800 pesos tenga 200 pesos de aumento y que además se crea o nos haga creer que no somos pobres”, sostuvo.