Ministerio del Interior cesó al presidente del sindicato de la Guardia Republicana

Carlos Piedra apelará la decisión y recurrirá a organismos nacionales e internacionales. La resolución considera que sus declaraciones sobre las autoridades, el equipamiento policial y los operativos de seguridad constituyeron una falta disciplinaria muy grave.

El Ministerio del Interior dispuso el cese de Carlos Piedra, presidente de la Unión de Policías de la Guardia Republicana, tras un sumario administrativo iniciado a raíz de sus críticas a las autoridades de la cartera y sus cuestionamientos sobre distintos aspectos de la seguridad pública.

Según la resolución, las autoridades ministeriales entendieron que algunas de las expresiones del dirigente excedieron los límites de su actividad sindical y configuraron una falta disciplinaria calificada como «muy grave».

Entre sus declaraciones, Piedra cuestionó los conocimientos del ministro del Interior, Carlos Negro, en materia de seguridad y sostuvo que el jerarca todavía no se habría desprendido de su anterior función como fiscal. También había formulado observaciones relacionadas con el equipamiento policial y el desarrollo de los operativos de seguridad.

Piedra anunció que recurrirá la decisión

Tras conocerse la resolución, el dirigente sindical anunció que apelará la medida y que llevará el caso ante distintos organismos. Entre ellos mencionó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Desde el gremio calificaron el cese como una «persecución» y aseguraron que la decisión no impedirá que continúen planteando sus reclamos y defendiendo sus reivindicaciones.

Un antecedente en 2020

La situación tiene un antecedente: Carlos Piedra ya había sido cesado en 2020 por motivos similares. Sin embargo, en 2022 fue restituido luego de que se entendiera que aquel procedimiento sumarial había presentado irregularidades.

El nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de los límites de la actividad sindical dentro de la Policía, el alcance de las potestades disciplinarias de las autoridades y las garantías para que los representantes gremiales puedan expresar sus cuestionamientos.

La evolución del caso dependerá de los recursos que presente el dirigente y de las resoluciones que adopten los organismos competentes.