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El Partido Nacional expresó su repudio por la agresión sufrida por Valeria Ripoll y su hija

El Directorio del Partido Nacional manifestó este sábado su «enérgico repudio» ante la violenta agresión que sufrieron Valeria Ripoll y su hija Celeste, el viernes 6 de noviembre, frente a su domicilio.

De acuerdo con la denuncia realizada por la dirigente nacionalista, ambas habrían sido atacadas por adolescentes que residen en un establecimiento del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

El episodio se produjo en las inmediaciones de la vivienda de Ripoll, ubicada en la zona de Agraciada y Entre Ríos, donde funciona el Hogar Magnolia. Semanas atrás, la dirigente ya había denunciado públicamente situaciones de violencia protagonizadas por adolescentes del establecimiento, mostrando imágenes de jóvenes que ingresaban a los gritos, golpeaban la puerta y la fachada del edificio.

En esta oportunidad, Ripoll difundió un nuevo video en sus redes sociales, en el que denunció haber recibido una golpiza. También aseguró que las adolescentes arrojaron piedras contra su vivienda y mostró restos de cascotes sobre la acera.

A través de una declaración pública, el Directorio del Partido Nacional calificó lo sucedido como «absolutamente inadmisible» y expresó su plena solidaridad con Ripoll y su familia.

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La colectividad política señaló además que la gravedad del episodio radica en que situaciones similares ya habían sido denunciadas reiteradamente, sin que, según sostiene, las autoridades adoptaran medidas preventivas efectivas.

En ese sentido, reclamó a las autoridades del INAU una explicación pública y la implementación inmediata de medidas que garanticen tanto la seguridad de los vecinos como la adecuada atención y supervisión de las adolescentes que se encuentran bajo la responsabilidad del organismo.

«La protección de las familias, la integridad física de las personas y la convivencia pacífica son responsabilidades esenciales del Estado que no admiten omisiones ni dilaciones», expresó el Directorio nacionalista.

El caso vuelve a poner en discusión la responsabilidad institucional del INAU, los mecanismos de supervisión de los centros de atención y la necesidad de garantizar una convivencia segura entre los establecimientos y los vecinos de la zona.