--- canonical_url: "https://diariolanoticia.com.uy/contenido/9038/caso-cardama-la-comision-investigadora-cerro-con-cuatro-informes-y-el-conflicto-" title: "Caso Cardama: la Comisión Investigadora cerró con cuatro informes y el conflicto político pasa ahora a la Justicia" article_type: "Article" main_image: "https://diariolanoticia.com.uy/static/_3/custom/imagen-default.jpg?t=2026-08-26+03%3A00%3A37.289351" date_published: "2026-08-26T14:00:00-03:00" date_modified: "2026-08-26T14:02:31-03:00" author_name: "Carla de Souza Ferreira" author_url: "https://diariolanoticia.com.uy/usuario/17/carla-de-souza-ferreira" --- # Caso Cardama: la Comisión Investigadora cerró con cuatro informes y el conflicto político pasa ahora a la Justicia La investigación parlamentaria sobre la compra y posterior rescisión del contrato por dos patrulleras oceánicas terminó sin una conclusión común. Frente Amplio, Coalición Republicana, Cabildo Abierto e Identidad Soberana presentaron informes separados, con fuertes diferencias sobre las responsabilidades y el papel de los gobiernos de Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi. La Comisión Investigadora del Parlamento que analizó el proceso de adquisición de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional al astillero español Francisco Cardama cerró sus actuaciones luego de seis meses de trabajo y 17 sesiones. El resultado fue contundente desde el punto de vista político: no hubo una conclusión común y fueron presentados cuatro informes diferentes. Los documentos corresponden al Frente Amplio, la Coalición Republicana —integrada por Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente—, Cabildo Abierto e Identidad Soberana. Los informes serán considerados por la Asamblea General y los antecedentes de la investigación fueron remitidos a la Fiscalía, que mantiene abierta la investigación penal sobre el caso. ### Un contrato de más de 82 millones de euros El caso se originó en el contrato firmado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou para la construcción de dos patrulleras oceánicas destinadas a la Armada Nacional. La operación quedó bajo cuestionamiento luego de que surgieran problemas relacionados con las garantías presentadas por el astillero y con el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato. En octubre de 2025, el gobierno de Yamandú Orsi anunció que iniciaría el proceso para rescindir el acuerdo, argumentando la existencia de fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo. A partir de entonces comenzó una disputa que pasó del terreno administrativo al político y posteriormente al judicial. ### El Frente Amplio apunta responsabilidades en el gobierno anterior El informe presentado por el Frente Amplio sostiene que Cardama aparece como el principal responsable de las irregularidades detectadas, pero entiende que también deben analizarse las actuaciones de funcionarios públicos que participaron del proceso. La bancada oficialista señala que durante la investigación surgieron elementos vinculados a las garantías, documentación y pagos realizados durante la administración anterior que, a su entender, ameritan una investigación judicial. El Frente Amplio sostiene además que existen hechos nuevos con apariencia delictiva y pretende que toda la documentación producida por la comisión sea analizada por la Fiscalía. El Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue particularmente crítico con la gestión anterior y sostuvo que existen responsabilidades políticas que alcanzan a integrantes del Ministerio de Defensa, funcionarios de confianza, integrantes de la Armada y al expresidente Luis Lacalle Pou. El informe oficialista, sin embargo, reconoce una limitación fundamental: la Comisión Investigadora no tiene competencia para determinar responsabilidades penales. Esa tarea corresponde exclusivamente a la Justicia. La Coalición Republicana presenta una lectura completamente diferente ### La oposición sostiene una tesis prácticamente inversa. La Coalición Republicana defiende el procedimiento utilizado para la contratación y cuestiona fundamentalmente la decisión del actual gobierno de rescindir el contrato. Desde la oposición se afirma que la rescisión pudo terminar generando un perjuicio económico para el Estado y se califica la actuación del gobierno como una “operación política” contra la administración de Lacalle Pou. Tras el cierre de la comisión, legisladores opositores insistieron en que el procedimiento de contratación había sido adecuado y que la decisión posterior del gobierno de Orsi no habría sido la alternativa más conveniente para el interés público. La oposición anunció además una denuncia contra Sandra Lazo ### La controversia tuvo un nuevo capítulo este lunes. Los partidos Nacional, Colorado e Independiente anunciaron que presentarán una denuncia penal contra la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por presunto abuso de funciones. El diputado nacionalista Pablo Abdala sostuvo que la ministra debe responder legal, política y penalmente por determinadas decisiones adoptadas durante el proceso. La acusación de la oposición se relaciona, entre otros aspectos, con una investigación realizada desde el Ministerio de Defensa y con actuaciones vinculadas a dirigentes políticos que, según la versión opositora, todavía no ocupaban cargos dentro de la cartera. Lazo respondió públicamente y señaló que está dispuesta a comparecer y defender sus actuaciones. ### Cardama también presentó su propia versión En paralelo a las conclusiones políticas, el empresario español Mario Cardama presentó ante la comisión un documento de 20 páginas con su versión de los hechos. El propietario del astillero rechazó haber cometido fraude y sostuvo que el gobierno uruguayo nunca le objetó formalmente la garantía de fiel cumplimiento antes del anuncio de rescisión del contrato. Cardama afirmó además que no fue intimado a sustituir esa garantía y que las alternativas que se analizaron para modificar el contrato nunca le fueron entregadas formalmente. Según su relato, entre las alternativas que se habrían manejado estuvieron modificar los hitos de cumplimiento, alterar el mecanismo de pagos, reducir el contrato a una sola patrullera o incluso transferirlo a un tercero. El empresario también sostuvo que el Estado uruguayo tenía responsabilidades en el control de la documentación presentada como garantía. ### Cuatro informes, una sola pregunta pendiente El cierre de la comisión deja una situación poco habitual: el Parlamento investigó durante seis meses, pero no logró construir una conclusión política compartida. El Frente Amplio considera que la investigación permitió detectar irregularidades que deben ser profundizadas por la Justicia y atribuye responsabilidades políticas a integrantes de la anterior administración. La Coalición Republicana entiende que la contratación fue correcta y que el principal problema fue la decisión del actual gobierno de rescindir el contrato. Cabildo Abierto presentó un informe propio, con énfasis en las garantías y en las deficiencias del proceso, mientras que Identidad Soberana también presentó conclusiones independientes. ### La última palabra ya no estará en la Comisión Con el cierre de la investigación parlamentaria, el caso Cardama ingresa en una nueva etapa. La Asamblea General deberá considerar los informes y, paralelamente, la documentación queda a disposición de la Fiscalía, que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar en responsabilidades penales. Por otra parte, el conflicto contractual mantiene una dimensión económica y jurídica que excede al debate parlamentario. Lo que comenzó como la adquisición de dos patrulleras para fortalecer la capacidad de vigilancia marítima de Uruguay terminó convirtiéndose en uno de los principales enfrentamientos políticos entre el gobierno de Yamandú Orsi y la oposición, con acusaciones cruzadas sobre la actuación de funcionarios, la validez de las garantías, la decisión de rescindir el contrato y el eventual costo para el Estado. Ahora será la Justicia la que deberá establecer si detrás de las irregularidades denunciadas existieron delitos, quiénes fueron responsables y cuál fue el verdadero alcance del perjuicio para Uruguay. Mientras tanto, políticamente, el caso Cardama está lejos de terminar. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.