La postura de Defensoría Pública frente a Allanamientos Nocturnos

En virtud de la campaña promovida a los efectos de habilitar los allanamientos nocturnos la Asociación de Defensores Públicos (ADEPU) ha emitido una declaración comunicando su postura ante esta iniciativa. Recordemos que esa iniciativa ya la había promovido Jorge Larrañaga en aquella campaña llamada “Vivir sin miedo” en 2018. Seguidamente ya fallecido mencionado dirigente quien continuó bregando por esa iniciativa fue el Senador Carlos Camy y será plebiscitada el próximo 27 de Octubre, día de las elecciones nacionales.

Estoy en contra de los allanamientos nocturnos, porque considero que nuestro país aún no está preparado para implementarlo. Los fundamentos de mi postura los escribí el año pasado en mi columna semanal del pasado 05 de octubre y me remito a lo allí expresado.

Y considero sumamente importante dar a conocer la opinión de los colegas defensores públicos a los efectos de que la población esté bien informada a la hora de votar.
En primer lugar, destacan que “es importante señalar que las propuestas de modificación de este artículo no son novedosas, habiéndose sometido recientemente a consulta popular, y también resaltar la complejidad del tema, que cuenta con detractores y defensores en los diferentes colectivos políticos y sociales”. Sin embargo, relatan que como agrupación que trabaja en el día a día con el “derecho vivo” entienden que no es conveniente su modificación, porque “el artículo 11 es una garantía que nos protege a todos y todas, ya que ninguna persona que habite el país está exenta de ser investigada o recibir una intervención equivocada, como ha ocurrido en decenas de oportunidades”. Para Adepu, “es importante destacar que las personas que tienen especiales situaciones de vulnerabilidad se ven siempre más expuestas al poderío estatal, y con esta medida no será la excepción”. “En ese contexto (y como defensores del 90% de las personas imputadas y de los niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados o amenazados), entendemos necesario dar cuenta de las preocupaciones que representa la reforma constitucional en los términos en que está planteada y solicitar desde ya a las autoridades que, en caso de que la ciudadanía decida su aprobación, se tomen los resguardos correspondientes, para poder evitar efectos no deseados, incluso por aquellos que promueven la medida del allanamiento nocturno”.

Los defensores públicos entienden que, en efecto, “se ha sostenido públicamente que el origen de la propuesta está vinculada con el microtráfico de sustancias estupefacientes y las dificultades que manifiestan algunos operadores para realizar operativos exitosos en las denominadas ‘bocas’, aunque el texto sometido a discusión popular no se ciñe únicamente a esos delitos”. “No podemos dejar de mencionar que existen otras maneras de realizar las investigaciones que no resultan lesivas de derechos y garantías, y como es de notoriedad las grandes cantidades de sustancias (que son las que provocan los mayores daños) no suelen resguardarse en hogares, sino en galpones o depósitos que en la actualidad pueden allanarse en cualquier horario, ya que la Constitución sólo protege al hogar como sagrado inviolable”, reivindicaron desde Adepu. Según plantearon, “como la realidad indica, el microtráfico habitualmente se realiza en barrios de contexto crítico, siendo captadas en su mayoría personas que se encuentran bajo la línea de pobreza, que prioritariamente son asistidas por defensores públicos”.
“Estas poblaciones, que ya se encuentran extremadamente vulneradas, podrán exponerse a mayores riesgos de sus derechos de habilitarse esta medida, que sin dudas implica un aumento de violencia en el procedimiento”.
Desde Adepu recordaron que hay otras personas que pueden quedar en medio de los allanamientos. “Más allá de las personas adultas implicadas en actividades delictivas, esta medida no será inocua para otras personas que viven en esos hogares o en sus inmediaciones. En estos, muchas veces residen niños, niñas y adolescentes, para quienes un procedimiento de allanamiento resulta de por sí un hecho de gran violencia, encontrándonos con muchas situaciones en donde no sólo les genera estrés postraumático, sino incluso rechazo hacia la figura de la Policía, lo que supone un daño que los afecta en su presente, pero sobre todo en su futuro”. Subrayan que “estos procedimientos se puedan realizar en horas nocturnas, cuando se encuentran descansando, gravaría evidentemente estas consecuencias”.

En este contexto, Adepu plantea “la necesidad de dar una discusión más profunda, sustentada en información estadística que permita la correcta ponderación de los derechos que están en juego, tratándose de una garantía constitucional históricamente emblemática en nuestro país”. Sostiene que “la aprobación de la reforma, en los términos planteados, no da garantías ni para quienes reciben el allanamiento o su entorno, ni para los funcionarios policiales que lo realizan, que a través de sus sindicatos han dado cuenta de los peligros que pueden generarse y de la necesidad de elaborar protocolos de actuación específicos y mejor capacitación para los efectivos”. Advirtieron que “esta situación se agrava en el interior del país, en donde no existe prácticamente especialización.

Esto demuestra que los defensores públicos que ejercen materia penal cuentan con mucha experiencia, nadie les comentó sino que lo viven a diario en carne propia. Y cuentan con la autoridad y las credenciales para opinar como corresponde.

En segundo término, plantean que exista “una reglamentación estricta, en donde sea el juez de Garantías quien decida si el allanamiento debe realizarse en horas nocturnas, previa justificación de su necesidad, no dejando librado a la autoridad administrativa tal decisión”. “En caso de tenerse conocimiento de la existencia de niños, niñas y adolescentes en la finca a allanarse, se coordine en forma previa la actuación de un equipo de profesionales de INAU para abordar situaciones que puedan generarse en ese contexto, considerando incluso que sus referentes adultos pueden resultar detenidos, debiendo preverse su traslado en forma inmediata a un lugar adecuado donde puedan transcurrir la noche (que, por supuesto, no es una comisaría) hasta tanto se resuelva la situación de  los adultos o se encuentre otro referente”.

En definitiva, desde Adepu sostienen que “invitamos a reflexionar sobre la utilización de esta diligencia, que es de las más gravosas que pueden recaer sobre una persona, adoptando las medidas necesarias para que se haga con proporcionalidad, en resguardo de las garantías de los habitantes del país y de la presunción de inocencia”. Y recuerdan que “esto exige, frente a su eventual aprobación, la necesidad de generar un consenso entre el sistema político y los colectivos que trabajan en estas materias para delinear una reglamentación adecuada a las circunstancias”.