Países del Mercosur coordinaron en Brasilia políticas sobre derechos humanos, democracia y participación social

La Reunión Plenaria de Altas Autoridades se desarrolló el jueves 23 de octubre en el Palacio de Itamaraty, en Brasilia, y cerró la 45.ª Reunión Especializada en Derechos Humanos del Mercosur, que comenzó el 7 de octubre, con las reuniones de las comisiones permanentes y grupos ad hoc que componen la Reunión de Autoridades de Derechos Humanos (RAADH).
La instancia fue presidida por la ministra de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía de Brasil, Macaé Evaristo, y por Janine Mello, secretaria ejecutiva de esa cartera. En representación de Uruguay, estuvieron la titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República del Uruguay, Collette Spinetti y la de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca.
La agenda de la reunión plenaria retomó el trabajo de sus nueve comisiones permanentes: Iniciativa Niñ@Sur; Educación y Cultura en Derechos Humanos, Personas con Discapacidad;  Memoria, Verdad y Justicia; Discriminación, Racismo y Xenofobia; Personas Mayores; Género y Derechos Humanos de las Mujeres; LGBTI; Comunicación en Derechos Humanos, y de sus Grupos de Trabajo sobre Discursos de Odio y el de Funcionamiento de la RAADH.
La Reunión de Altas Autoridades es un espacio regional para la coordinación de políticas públicas y el fortalecimiento de los derechos humanos en la región, en el que se promueve la participación de la sociedad civil y se reafirma el compromiso con una región más justa e igualitaria, informó la Secretaría de Derechos Humanos.
Durante la jornada, hubo espacios de intercambio y reflexión que permitieron profundizar en temas centrales para la región e impulsaron la construcción de políticas públicas inclusivas, participativas y con perspectiva de derechos humanos.
Brasil y Uruguay
fortalecieron cooperación

Como parte de estas reuniones, Uruguay y Brasil firmaron un memorando de entendimiento que establece un marco de cooperación para la promoción y protección de los derechos humanos. 
El compromiso permitirá el intercambio de experiencias y políticas respecto a personas mayores, discapacidad, migrantes y población LGBTQIA+, además de promover la cooperación en la frontera y en todo el territorio nacional.
Para Uruguay, representa un primer paso hacia una agenda internacional de articulación y cooperación “por la garantía de los derechos humanos y reafirma el compromiso del Gobierno con la igualdad y la defensa de las comunidades históricamente vulneradas”.