Inisa y Unicef articulan acciones para mejorar las condiciones de adolescentes que cumplen medidas judiciales

El objetivo es fortalecer los procesos socioeducativos y preparar a los jóvenes para su egreso. Antes de fin de año se completará un nuevo censo sobre esta población.
El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) comenzarán a trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de los adolescentes que cumplen medidas judiciales, tanto privativas como no privativas de libertad.
Alexa Cuello, integrante del equipo de protección de Unicef, explicó que la iniciativa busca asegurar que el tiempo de cumplimiento de la sanción se traduzca en oportunidades reales de desarrollo y no únicamente en reclusión.
“El objetivo es trabajar en las mejoras de las condiciones que tienen los adolescentes para cumplir tanto las penas privativas como las no privativas. Apostamos a que ese período sea lo más provechoso posible para su desarrollo, garantizando derechos y trato digno”, señaló.

Censo integral antes de fin de año

Como primer paso, se realizará un censo diagnóstico integral de la población en todos los centros del Inisa. La medición, que será la tercera en realizarse, permitirá conocer:
•Condiciones edilicias y habitacionales
•Trato que reciben los adolescentes
•Actividades educativas, recreativas y laborales disponibles
•Cantidad de horas que permanecen en sus celdas
•Acceso a programas de capacitación
“La idea es obtener una fotografía actualizada de la situación para orientar políticas que permitan construir trayectorias de vida posibles”, indicó Cuello.

Educación, oficios y
habilidades para la
reinserción

El enfoque del programa se centra en dotar a los jóvenes de herramientas para su egreso, fortaleciendo la formación educativa y laboral, así como las llamadas habilidades blandas, tales como la gestión emocional, la comunicación y la resolución de conflictos, claves para la convivencia y la inserción social.
Actualmente, 411 adolescentes cumplen sentencias privativas de libertad, mientras que otros 700 se encuentran bajo medidas no privativas, lo que supone un universo de más de mil jóvenes involucrados en procesos de acompañamiento.