Cardama activa el camino judicial contra el Estado uruguayo

La empresa española Astilleros Cardama dio un paso formal hacia un eventual litigio contra el Estado uruguayo, al notificar al Ministerio de Defensa Nacional su intención de iniciar una demanda civil, tras la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de avanzar hacia la rescisión del contrato para la construcción de dos patrulleros oceánicos.

El origen del conflicto

El conflicto se remonta al 22 de octubre, cuando el presidente Orsi anunció que el gobierno evaluaría rescindir el contrato firmado en diciembre de 2023 durante la administración anterior. El acuerdo preveía la construcción y entrega de dos patrulleros oceánicos por 82 millones de euros, destinados a la Armada Nacional.

Desde entonces, el tema escaló en varios frentes:

•Cruce de declaraciones entre el gobierno y el director del astillero, Mario Cardama.
•Fuerte enfrentamiento político entre oficialismo y oposición.
•Interpelación parlamentaria impulsada por el senador nacionalista Javier García, exministro de Defensa y principal impulsor de la compra, contra la actual ministra Sandra Lazo.

El paso legal de Cardama

En las últimas horas, un abogado y un escribano contratados por la firma gallega se presentaron en la sede del Ministerio de Defensa. Allí:
•Mantuvieron una reunión con la ministra Lazo.
•Notificaron formalmente que Cardama iniciará acciones legales.
•Confirmaron que ya fue fijada una audiencia de conciliación para marzo, paso previo obligatorio antes de iniciar una demanda civil, según el artículo 293 del Código General del Proceso.
Este procedimiento es exigido por la ley y busca, sin éxito previo, una solución extrajudicial.

La posición del gobierno
El Ejecutivo sostiene que el astillero no podrá cumplir con los plazos contractuales, lo que habilitaría la caída del contrato sin obligación de nuevos pagos.

En ese marco:

•El gobierno contrató a Bureau Veritas, empresa certificadora internacional, para inspeccionar el avance real de la obra.
•Tanto Lazo como el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, señalaron que es muy improbable que se abone el tercer hito del contrato, asociado a la instalación de los motores Caterpillar.
“Si el plazo no se cumple, el contrato estaría cayendo”, afirmó la ministra Lazo.

El aspecto financiero

Hasta ahora, el Estado uruguayo ha pagado:
•28.794.500 euros, mediante una carta de crédito abierta en el Banco República.

Queda pendiente:

•Un último desembolso de 8.227.000 euros, previsto para enero o febrero de 2026, condicionado al cumplimiento del tercer hito técnico.
El gobierno da por hecho que ese pago no se concretará.

Lo que viene

•Audiencia de conciliación en marzo
•Posible demanda civil contra el Estado si no hay acuerdo.
•Definición política y jurídica sobre la rescisión del contrato.
•Un caso con impacto económico, institucional y político que seguirá escalando.