Abdala acusa al gobierno de haber decidido la rescisión del contrato con Cardama meses antes de anunciarla

El Diputado nacionalista sostuvo que declaraciones de dos almirantes ante la comisión investigadora descartan irregularidades en la adjudicación y evidencian una “intencionalidad política” detrás de la decisión.

Testimonios ante la comisión fortalecen la postura de la oposición

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, afirmó que las últimas comparecencias ante la comisión investigadora que analiza el caso Cardama respaldan los cuestionamientos planteados por la oposición respecto a la actuación del gobierno en la rescisión del contrato con el astillero español encargado de construir dos patrulleros oceánicos para la Armada Nacional.

A través de sus redes sociales, el legislador señaló que los testimonios brindados por dos altos oficiales de la Armada permitieron descartar la existencia de irregularidades en el proceso de adjudicación y aportaron elementos que, a su entender, demuestran que la decisión de cancelar el contrato respondió a razones políticas.

Vizcay negó irregularidades en la adjudicación

Según explicó Abdala, el excomandante en jefe de la Armada, Mario Vizcay, declaró ante la comisión que no existieron irregularidades administrativas durante el proceso.

“Vizcay, que no recomendó a Cardama, afirmó que no hubo irregularidad alguna, sino, en tal caso, distintas valoraciones técnicas”, expresó el diputado, destacando que las diferencias surgidas durante la evaluación del proyecto no constituyeron incumplimientos de carácter administrativo.

Una reunión previa habría anticipado la rescisión

Abdala también hizo referencia al testimonio del contralmirante retirado José Ruiz, quien fue sancionado por el actual gobierno en el marco de este caso.

De acuerdo con el legislador, Ruiz informó sobre una reunión mantenida con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en mayo de 2025, instancia en la que ya se habría planteado la posibilidad de poner fin al contrato con Cardama.

El Diputado sostuvo que este dato resulta especialmente relevante porque la rescisión fue anunciada oficialmente recién en octubre de ese año, luego de que el gobierno detectara problemas relacionados con una de las garantías presentadas por la empresa.

“Ya entonces el gobierno se proponía terminar con el contrato cinco meses antes de anunciar la rescisión por un problema en una de las garantías”, afirmó Abdala.

Cuestionamientos a la actuación del gobierno

Para el legislador nacionalista, los elementos aportados durante las comparecencias fortalecen la posición que la oposición ha sostenido desde el inicio de la investigación parlamentaria.

“Esto confirma la intencionalidad política y, por tanto, la irresponsabilidad con la que actuó la actual administración”, concluyó.

Mientras tanto, la comisión investigadora continúa analizando las circunstancias que rodearon la contratación del astillero español y la posterior rescisión del acuerdo, un proceso que además derivó en un arbitraje internacional impulsado por la empresa contra el Estado uruguayo.