Comisión investigadora sobre María Dolores cerró sin acuerdo y elevará cuatro informes al Parlamento

Tras tres meses de trabajo, oficialismo y oposición mantuvieron posiciones contrapuestas sobre la compra de la estancia por parte del Instituto Nacional de Colonización. El caso continúa además en la órbita judicial.

Diferentes conclusiones tras  el cierre de la investigación

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analizó la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) culminó este lunes sus actuaciones sin alcanzar una conclusión consensuada. Como resultado, serán presentados cuatro informes distintos ante el plenario, reflejando las diferentes visiones de los partidos políticos sobre el proceso.
Según informaron los legisladores integrantes, el Frente Amplio elaborará un informe propio, mientras que el Partido Nacional y el Partido Colorado presentarán un documento conjunto. Por su parte, Cabildo Abierto e Identidad Soberana también elevarán informes por separado.

El oficialismo descarta
irregularidades
Desde el Frente Amplio, las conclusiones apuntan a que la adquisición del predio se realizó dentro del marco legal vigente y sin irregularidades administrativas.

El Presidente de la Cámara de Representantes e integrante de la comisión, Sebastián Valdomir, sostuvo que las comparecencias de autoridades nacionales, organismos técnicos y representantes de distintos sectores vinculados al proyecto permitieron reunir toda la información necesaria para arribar a una conclusión.

“Lo que queda claro es que fue ajustada a derecho, que no hubo ningún tipo de irregularidad”, afirmó el legislador.
Valdomir destacó además que, durante los tres meses de trabajo, comparecieron representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Instituto Nacional de Colonización, de la Intendencia de Florida, del Instituto Nacional de la Leche y de diversas gremiales relacionadas con la actividad productiva proyectada para el establecimiento.

Asimismo, señaló que ningún sector solicitó una prórroga para extender la investigación, entendiendo que la información recabada era suficiente para cerrar las actuaciones.

La oposición cuestiona el proceso de compra

Desde la oposición, en cambio, se plantearon observaciones sobre la forma en que se concretó la adquisición y sobre algunas decisiones adoptadas por Colonización durante el proceso.
El Diputado colorado Carlos Rydstrom adelantó que el informe conjunto de blancos y colorados hará énfasis en las responsabilidades políticas derivadas de la compra y en la necesidad de revisar aspectos estructurales del funcionamiento del Instituto Nacional de Colonización.

“No estamos en contra de la compra de tierras ni de que el gobierno se haya planteado ese objetivo. No nos parece correcto cuando se hace sin respetar los procesos correspondientes”, expresó.
El legislador sostuvo que la discusión excede el caso puntual de María Dolores y abre un debate más amplio sobre el futuro de un organismo que se aproxima a sus 80 años de existencia.

Proyecciones productivas y valor del predio entre los principales cuestionamientos

Entre las observaciones realizadas por la oposición figura la planificación inicial para el desarrollo productivo del establecimiento. Rydstrom afirmó que algunas proyecciones anunciadas públicamente no coincidían con los informes técnicos disponibles.
Según indicó, desde el comienzo se cuestionó la posibilidad de instalar 16 tambos en el predio, una cifra que posteriormente fue revisada por el propio directorio del instituto, reduciendo la previsión a seis unidades productivas.

El Diputado también cuestionó el valor pagado por las tierras, al considerar que existían alternativas de compra más económicas en la misma zona del departamento de Florida.
A su entender, estas situaciones reflejan deficiencias de gestión que, aunque no necesariamente constituyan delitos, generan dudas sobre el uso eficiente de los recursos públicos.

La investigación judicial sigue en curso

Consultado sobre la eventual existencia de responsabilidades penales, Rydstrom sostuvo que la comisión parlamentaria no tenía competencias para determinar delitos, aunque señaló que la posibilidad no puede descartarse.
Mientras el Parlamento se prepara para debatir los informes elaborados por los distintos partidos, el caso María Dolores continúa también en el ámbito judicial, tras la denuncia penal presentada por legisladores de la oposición junto al diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle.

De esta manera, el expediente seguirá su curso tanto en el plano político como en la Justicia, en un debate que continúa generando diferencias entre oficialismo y oposición sobre la gestión y el futuro de las políticas de colonización en Uruguay.