Evitaron el desalojo de seis familias luego de ganar en primera y segunda instancia

El abogado Marcelo Silva informó que ganó en primera y segunda instancia a favor de seis familias residentes desde hace décadas en terrenos ubicados en la zona del aeropuerto de Artigas. Además, cuestionó el accionar de la Intendencia Departamental y reclamó una investigación sobre los motivos que originaron los procesos de desalojo.

Justicia rechazó los desalojos

El Abogado Marcelo Silva señaló que, junto al Doctor Volpi, asumió de forma gratuita la defensa de varias familias que enfrentaban acciones de desalojo promovidas por la Intendencia de Artigas.
Según explicó, se trata de viviendas con una permanencia de entre 30 y 40 años en la zona del aeropuerto, algunas construidas desde la década de 1980. Silva destacó que tanto en primera como en segunda instancia la Justicia resolvió a favor de las familias afectadas.

“Ganamos en primera instancia y ganamos en segunda instancia”, afirmó, remarcando que la resolución beneficia a seis familias integradas por adultos y numerosos niños.

Críticas al fundamento utilizado por la Intendencia

Durante sus declaraciones, Silva cuestionó los argumentos utilizados para impulsar los desalojos, señalando que la administración departamental sostuvo que las viviendas estaban ubicadas en espacios públicos.
El profesional sostuvo que existen otras construcciones en situaciones similares dentro del departamento y planteó que las autoridades deberían priorizar soluciones habitacionales antes que promover el retiro de familias asentadas desde hace décadas.
Asimismo, consideró que la Intendencia debería desarrollar políticas para facilitar el acceso a la tierra y a la vivienda, proponiendo nuevamente la creación de un fideicomiso destinado a la adquisición de tierras.

Denuncias sobre posibles intereses particulares

Uno de los aspectos más sensibles de la exposición de Silva estuvo relacionado con una presunta comunicación recibida por parte de la actual pareja del propietario de un campo lindero a los terrenos en disputa.
Según relató, durante esa conversación se le habría manifestado que la presencia de las viviendas afectaba el valor comercial de la propiedad rural y dificultaba una eventual venta.

A partir de esa situación, el abogado planteó interrogantes sobre si los procesos de desalojo podrían estar favoreciendo intereses privados en perjuicio de las familias residentes, extremo que consideró de especial gravedad.

Reclamo por la actuación de los Ediles

Silva también cuestionó la falta de involucramiento de integrantes de la Junta Departamental en el tema. Indicó que trasladó la situación a distintos Ediles y destacó particularmente la intervención del Edil Guillermo Gasteasoro, quien presentó el asunto durante la media hora previa de una sesión legislativa.
A su entender, los representantes departamentales deberían profundizar en el análisis de los hechos y evaluar la realización de una investigación para determinar si existieron elementos que justifiquen una actuación más exhaustiva.

“La Intendencia debe buscar soluciones habitacionales”

Finalmente, el Abogado reiteró que continuará brindando asistencia jurídica gratuita a personas que enfrenten situaciones similares y volvió a reclamar que la Intendencia impulse mecanismos para ampliar el acceso a la tierra y la vivienda.
Silva sostuvo que el gobierno departamental debería concentrar sus esfuerzos en generar soluciones para las familias, en lugar de promover procesos de desalojo contra residentes históricos de distintos puntos del departamento.