Bordaberry propone prohibir los viajes al exterior financiados por el Parlamento

El senador colorado presentó un proyecto de ley que establece como regla general que legisladores y funcionarios del Poder Legislativo no puedan realizar viajes internacionales con fondos públicos. La propuesta admite excepciones, pero exige una aprobación de dos tercios de la cámara correspondiente y obliga a transparentar los costos y resultados de cada misión.

Una regla general: participación a distancia

El Senador colorado Pedro Bordaberry presentó este miércoles un proyecto de ley destinado a restringir los viajes al exterior de legisladores y funcionarios del Poder Legislativo cuando estos sean financiados con recursos públicos.
La iniciativa establece que, como principio general, senadores y diputados no podrán utilizar dinero público ni recursos previstos en el presupuesto del Parlamento para trasladarse al exterior. Para participar en reuniones, conferencias, congresos, foros u otras actividades internacionales, deberán recurrir a videoconferencias u otros mecanismos de participación a distancia siempre que estos se encuentren disponibles.

El proyecto también alcanza a los funcionarios de las cámaras de Senadores y Representantes, así como a quienes desempeñan tareas en los servicios comunes del Poder Legislativo.
De esta manera, la propuesta busca establecer un criterio uniforme para todo el Parlamento y priorizar la participación remota frente a los viajes internacionales financiados con recursos del Estado.

Excepciones con mayoría especial

La iniciativa no establece una prohibición absoluta. Cada cámara podrá autorizar excepcionalmente un viaje cuando considere que la presencia física del legislador o funcionario resulta necesaria y que esa participación no puede ser sustituida por una modalidad remota.
Para ello será necesaria una resolución aprobada por dos tercios del total de integrantes de la cámara correspondiente.

Además, la autorización deberá estar vinculada a un viaje específico y contener información detallada sobre la misión. Entre otros aspectos, deberá indicar quién realizará el viaje, cuál es el evento o institución que lo convoca, los motivos de la participación, las fechas, la duración prevista y el costo estimado.
También deberán contemplarse los gastos relacionados con pasajes, viáticos, seguros y cualquier otro desembolso asociado a la misión.

Viajes particulares sin fondos públicos

El proyecto diferencia las misiones financiadas por el Parlamento de los viajes que los legisladores decidan realizar con recursos propios.
En este último caso, podrán viajar sin necesidad de una autorización parlamentaria, siempre que asuman la totalidad de los gastos y que no exista ningún costo, ya sea directo o indirecto, para el Poder Legislativo ni para otros fondos públicos.
La disposición apunta a que la restricción se concentre específicamente en el uso de recursos estatales para financiar desplazamientos internacionales.

Informes obligatorios y mayor transparencia

Otro de los aspectos centrales de la propuesta es la obligación de rendir cuentas sobre las misiones autorizadas.
Los legisladores y funcionarios que realicen un viaje financiado con recursos públicos deberán presentar un informe dentro de los 30 días posteriores a su regreso.

A su vez, cada cámara tendrá que publicar, con una periodicidad semestral, información sobre los viajes realizados. La publicación deberá incluir los destinos, la duración de las misiones, los costos y el monto total de recursos públicos destinados a estas actividades.
Para Bordaberry, esta medida permitiría fortalecer la transparencia y facilitar el control ciudadano sobre el uso del dinero público.

Los números que fundamentan la iniciativa

En la exposición de motivos, el senador colorado cuestionó lo que considera un incremento y un uso “excesivo” de fondos públicos destinados a viajes internacionales de autoridades del Estado.
Según los datos incorporados al proyecto, entre febrero de 2025 y junio de 2026 se realizaron 73 viajes al exterior financiados por el Senado. De ese total, 51 correspondieron a legisladores y 22 a funcionarios.

En conjunto, las misiones representaron 430 días de viaje y generaron un gasto de, al menos, US$ 234.464.
Del monto total, aproximadamente US$ 144.704 correspondieron a viajes de legisladores, mientras que otros US$ 89.760 fueron destinados a integrantes de la Secretaría y funcionarios de la Cámara de Senadores.

Bordaberry señaló, además, que actualmente no existe información pública completa correspondiente al mismo período respecto de los viajes realizados por integrantes de la Cámara de Representantes.

El argumento de la austeridad

En la fundamentación de la propuesta, Bordaberry sostuvo que el Parlamento debería aplicar sobre sí mismo un criterio de austeridad similar al que, según planteó, se procura implementar para jerarcas y funcionarios del Poder Ejecutivo.
El Senador entiende que la utilización de mecanismos virtuales puede permitir mantener la participación de Uruguay en ámbitos internacionales sin que necesariamente sea imprescindible el traslado físico de legisladores y funcionarios.

En ese sentido, el proyecto plantea que los viajes financiados con dinero público sean la excepción y no la regla, reservándolos para aquellas situaciones en las que pueda demostrarse que la presencia física resulta indispensable.
La iniciativa abre ahora el debate parlamentario sobre el alcance de las misiones oficiales, el uso de recursos públicos y los mecanismos de control aplicables a los viajes internacionales de quienes integran y trabajan en el Poder Legislativo.