“Los mocos no me los como”: Da Silva cuestionó la continuidad del hijo del condenado y Gandini respondió

El caso de la Operación Trazador suma un nuevo capítulo político. Sebastián Da Silva reclamó explicaciones por la permanencia de Lucio Leiva como asesor, mientras Jorge Gandini defendió al joven y cuestionó el criterio de la Fiscalía

La Operación Trazador, que permitió incautar más de 260 kilos de droga y derivó en varias condenas, continúa generando repercusiones en el ámbito político.
El caso tomó una nueva dimensión luego de que se conociera que Pablo Leiva, asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, fue condenado a dos años y seis meses de prisión por lavado de activos y tráfico interno de municiones. Tras conocerse la condena, Gómez resolvió cesarlo de su función.
Pero el foco también quedó puesto sobre Lucio Leiva, hijo de Pablo, quien también trabajaba como asesor de Gómez. El joven fue detenido durante el operativo, pero posteriormente recuperó la libertad y quedó desafectado de la investigación, sin ser formalizado.

Da Silva: “Los mocos no me los como”

El senador nacionalista Sebastián Da Silva cuestionó públicamente la continuidad de Lucio Leiva como asesor.

“El edil no creo, que explique la situación. Pero el hijo del condenado, si hubiera sentido común, sí. Los mocos no me los como. El partido tiene sus órganos y tomará las acciones”, afirmó el legislador.
Las declaraciones abrieron un nuevo frente dentro del Partido Nacional, al poner sobre la mesa la discusión acerca de qué responsabilidades políticas corresponden cuando una persona vinculada laboralmente a un dirigente resulta condenada en una causa de narcotráfico.

Gandini salió al cruce

Jorge Gandini, dirigente del sector al que pertenece el edil Gonzalo Gómez, fue consultado este martes sobre los dichos de Da Silva.
El dirigente señaló que comprende que la situación genere dudas, pero trasladó la discusión hacia la actuación de la Fiscalía.

“Entiendo que al senador le llame la atención. Pero cambio la pregunta. ¿Cómo no le llamó la atención a la fiscal que interrogó, lo revisó, interrogó a los demás, descubrió la operación y lo liberó? La respuesta la debe tener ella”, sostuvo Gandini.
Gandini defendió además a Lucio Leiva, a quien describió como un joven de confianza, trabajador y vinculado desde hace tiempo a su sector político. Según explicó, el muchacho “quedó atrapado en esta situación”, pero no fue imputado por la Justicia.

El dinero y el local de cobranzas

El caso sumó otra derivación luego de que surgieran informaciones sobre operaciones realizadas por Pablo Leiva en un local de cobranzas vinculado a la esposa de Gandini.
El dirigente nacionalista brindó este martes una conferencia de prensa para aclarar su situación y la de su esposa. Afirmó que Pablo Leiva era un antiguo cliente del comercio y que concurría a realizar pagos, entre ellos obligaciones ante el BPS y la DGI.
Gandini negó que él o su esposa conocieran una eventual maniobra de lavado detrás de esas operaciones y aseguró que están dispuestos a entregar la documentación que sea requerida tanto a la Fiscalía como a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

“No tenemos nada que ocultar”, afirmó.

Una investigación que sigue abierta

La causa tiene como uno de sus principales puntos de interés el origen y destino del dinero incautado. En la vivienda donde residían Pablo y Lucio Leiva fueron encontrados alrededor de $3 millones en efectivo, además de una máquina para contar billetes y otros elementos que forman parte de la investigación.
Pablo Leiva fue condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones, mientras que la situación de su hijo es diferente: Lucio fue detenido, pero no fue formalizado ni condenado en esta causa.
El caso, por lo tanto, mantiene abiertas dos dimensiones: la estrictamente judicial, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes, y la política, donde ya comenzaron a aparecer reclamos de explicaciones dentro del propio Partido Nacional.

Por ahora, las posiciones están planteadas.

Da Silva pide no mirar para otro lado. Gandini reclama que se tome en cuenta la decisión de la Fiscalía. Y la investigación continúa.
La última palabra, en lo que refiere a responsabilidades penales, no la tendrá ningún dirigente político: la tendrá la Justicia.