Familias del barrio Progreso afrontan una orden de desalojo y reclaman una alternativa habitacional
Elaine González, vecina de la calle Nicolás de la Sierra, planteó la situación que atraviesan varias familias que residen en un complejo de apartamentos del barrio Progreso. Según relató, existe una orden de desalojo prevista para este viernes y son cinco las familias que tendrían menores a cargo. Los vecinos reclaman una respuesta de las autoridades que les permita evitar quedar en la calle.

Cinco familias ante una situación de incertidumbre
Elaine González, vecina de la calle Nicolás de la Sierra, en el barrio Progreso, tomó la palabra en representación de un grupo de personas que actualmente reside en un complejo de apartamentos de la zona y que, según explicó, enfrenta una orden de desalojo.
De acuerdo con su relato, son varias las familias que viven en el lugar y que recibieron una notificación relacionada con el desalojo. La preocupación principal está vinculada a la falta de una alternativa habitacional, especialmente porque entre las personas afectadas hay niños y menores de edad.
“Somos actualmente cinco personas. Estamos con desalojo. He ido a la Intendencia, he ido a todos lados y no he recibido ninguna resolución a este tema”, señaló González.
La vecina afirmó que existen cinco familias con menores a cargo y cuestionó cuál será el destino de esas personas si finalmente deben abandonar los apartamentos.
La orden de desalojo y la situación de los apartamentos
González explicó que la orden de desalojo está vinculada al nombre de Gonzalo Iriarte Saralegui, a quien identificó como quien reclama la restitución del predio y señaló como propietario del lugar.
La vecina indicó que, a través de consultas realizadas junto a su abogado, tomó conocimiento de antecedentes vinculados a la titularidad del inmueble. Según manifestó, Iriarte Saralegui habría adquirido la propiedad en enero de 2026.
La entrevistada señaló además que las notificaciones recibidas no estarían dirigidas individualmente a cada persona que ocupa los apartamentos, sino que incluyen a los grupos familiares.
“Los cedulones no vienen a nombre de una persona que conviva en cada apartamento, sino que vienen con el grupo familiar”, explicó.
Ante esta situación, González manifestó dudas respecto a la defensa legal que corresponde realizar, dado que las notificaciones incluyen a más de una persona.
Familias que llevan años viviendo en el lugar
La vecina también explicó que algunas de las familias llevan varios años residiendo en el complejo.
Como ejemplo, mencionó el caso de Lorena Machado, quien, según señaló, vive allí desde hace aproximadamente seis años junto a sus dos hijos menores.
En su caso particular, González indicó que lleva alrededor de tres años viviendo en el apartamento y aclaró que no ingresó al lugar como ocupante ocasional o sin ningún antecedente, sino que adquirió el derecho de uso del apartamento a otra persona que anteriormente residía allí.
Según su relato, los apartamentos permanecieron durante un período abandonados y posteriormente fueron ocupados por distintas familias, algunas de las cuales permanecieron durante varios años.
Reclaman una alternativa habitacional
Uno de los principales planteos de las familias es encontrar una solución que les permita contar con un lugar donde vivir en caso de concretarse el desalojo.
González aseguró que realizó gestiones ante la Intendencia de Artigas y que mantuvo contactos con distintas áreas de la administración departamental.
También relató que había recibido una propuesta para acondicionar un espacio en la parte posterior del predio, con la posibilidad de construir allí una solución habitacional. Sin embargo, explicó que cuando intentó avanzar con la instalación del servicio de energía eléctrica se encontró con dificultades relacionadas con la asignación del número de puerta, debido a que ya se había iniciado el procedimiento de desalojo.
La preocupación por los menores
El principal temor expresado por González es que las familias queden sin un lugar donde residir una vez concretado el desalojo.
En ese sentido, estableció una comparación con las respuestas habitacionales que se instrumentan ante situaciones de emergencia, como las inundaciones, señalando que en esos casos las familias pueden ser trasladadas temporalmente y posteriormente regresar a sus hogares.
“Este tema, la gente sale, ¿a dónde va? ¿A la calle? ¿Quedan con los niños?”, planteó.
Asesoramiento jurídico
Ante la situación, González informó que decidió recurrir a asesoramiento legal para responder al procedimiento de desalojo.
Señaló que su abogada es Silvia Salvador y que tenía previsto concurrir para firmar y avanzar con la documentación correspondiente al expediente.
Reclamo por una respuesta
Mientras avanza el procedimiento judicial, las familias esperan una respuesta que contemple su situación habitacional y, especialmente, la presencia de menores.
González sostuvo que ha recurrido a diferentes ámbitos de la Intendencia en busca de una alternativa y reclamó que se analice una solución antes de que las familias deban abandonar los apartamentos.
El planteo central de los vecinos es evitar que el cumplimiento de la medida derive en una situación de mayor vulnerabilidad y encontrar una alternativa habitacional para quienes, según señalaron, llevan años viviendo en el lugar.


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