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Unidad 21 del INR impulsa un proyecto piloto para combatir el consumo problemático de drogas en personas privadas de libertad

La iniciativa, desarrollada en el Sector G con el acompañamiento de la ONG Betania, alcanza a unos 30 internos seleccionados por presentar problemas de consumo de sustancias. El Director de la Unidad 21, comisario Fernando Piastri, destacó la importancia del proyecto como una experiencia innovadora para la región, con posibilidades de extenderse a otras unidades penitenciarias.

Una propuesta que busca 
transformar realidades dentro 
del sistema penitenciario

La Unidad 21 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) lleva adelante un proyecto piloto orientado a abordar el consumo problemático de drogas entre personas privadas de libertad (PPL), una problemática que representa uno de los principales desafíos sociales y sanitarios a nivel mundial.
La experiencia se desarrolla en el denominado Sector G y cuenta con el acompañamiento de la ONG Betania, en una propuesta que busca brindar herramientas de tratamiento y acompañamiento a personas que presentan dificultades vinculadas al consumo de sustancias.

El director de la Unidad 21, comisario Fernando Piastri, valoró el alcance de esta iniciativa y señaló que representa un avance significativo para la región y para el propio sistema penitenciario.
"Marca un hito para la región y también dentro del INR. Es un proyecto interesante, un aporte importante a la sociedad para combatir el flagelo de la droga", expresó.

Asimismo, destacó la satisfacción institucional por los avances alcanzados y la posibilidad de que esta experiencia pueda replicarse en otros establecimientos penitenciarios, e incluso ampliarse dentro de la propia Unidad 21.

Un grupo de 30 internos
con consumo problemático

En cuanto a la población destinataria, Piastri informó que actualmente participan aproximadamente 30 personas privadas de libertad, cifra que corresponde a la capacidad del módulo destinado al proyecto.
La selección de los participantes se realizó teniendo como principal criterio la existencia de problemas de consumo problemático de sustancias. Según explicó el jerarca, se priorizó a personas que presentaban mayores dificultades en este aspecto y que, además, reunían las condiciones necesarias para integrarse al proceso.
"Fuimos directamente a la gente que tenía mayor consumo y que cumpliera con los requisitos", explicó.
El Director también señaló que la duración de las condenas constituye un factor importante al momento de seleccionar a los participantes, ya que el trabajo requiere un período de intervención de entre seis meses y un año.
En ese sentido, indicó que las condenas de menor duración que se registran actualmente obligan a realizar una evaluación cuidadosa para garantizar que quienes ingresen puedan cumplir con el proceso previsto.

La problemática del consumo, 
por encima del tipo de delito


Consultado sobre la gravedad de los delitos por los cuales cumplen pena las personas incorporadas al programa, Piastri aclaró que no existe una única tipología delictiva entre los participantes.
Se trata de una población heterogénea, integrada por personas que cometieron distintos tipos de delitos. La característica común que determinó su selección no fue la naturaleza del hecho delictivo, sino la presencia de una problemática de consumo que requiere atención.

"Tenemos varios tipos de delitos. Lo que atacamos es la problemática del consumo", afirmó.

Una experiencia con
proyección hacia
otras unidades

La puesta en marcha de este proyecto piloto constituye una experiencia que busca fortalecer las estrategias de rehabilitación y abordar una de las problemáticas que atraviesan a una parte de la población penitenciaria.
El acompañamiento de la ONG Betania y el trabajo desarrollado en el Sector G representan los pilares de esta iniciativa, cuya continuidad y evaluación podrían abrir el camino para extender el modelo a otros establecimientos del INR.

Para la dirección de la Unidad 21, el desafío no se limita a desarrollar una experiencia puntual, sino a consolidar una herramienta de intervención que permita atender las dificultades asociadas al consumo problemático y generar nuevas oportunidades para las personas privadas de libertad.