Senado aprobó ley de medios con votos del oficialismo

El proyecto de ley de medios se votó “a tapa cerrada”, con modificaciones y un aditivo propuesto por Cabildo Abierto, sin que terminara la discusión en Comisión de Industria, lo que generó molestia en la oposición que lo consideró “un verdadero atropello”.

La iniciativa propone una flexibilización del número de medios que puede acumular un mismo propietario, la posibilidad de incorporar inversión extranjera en la oferta mediática y plantea nueva gobernanza para los medios públicos.

El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados en 2023 y volverá a dicha Cámara donde será sancionado.

El senador nacionalista Sergio Botana argumentó que esta ley es necesaria para “garantizar la viabilidad de los medios de comunicación y la libertad de expresión”.

“Es un tema fundamental para la democracia, para el funcionamiento de los medios, para asegurar la independencia de los medios, su viabilidad y sustentabilidad desde el punto de vista económico”, dijo.

Señaló que “la eliminación de la publicidad gratuita electoral de esta ley que va para otra ley (financiamiento de los partidos políticos) es porque la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de esos artículos”.

“La posibilidad de acumular algún medio más se debe a la necesidad de un mejor aprovechamiento de los recursos dentro de las propias empresas que se dedican a la comunicación porque su viabilidad económica está altamente comprometida”, explicó Botana.

El Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) pasará a tener una autoridad que será nombrada por 6 años, lo que para el legislador nacionalista brinda “garantías” e “independencia del poder político”, en el entendido de que “las personas nombradas para esos cargos serán capaces de mucha ecuanimidad, de mantener los equilibrios correspondientes necesarios en estas circunstancias”.

El senador frenteamplista Alejandro Sánchez dijo que la ley “consagra algo que es brutal: dentro de 30 días este gobierno nombrará al presidente de los medios públicos y este durará 6 años en el cargo”, y argumentó que “este gobierno pretende eternizarse designando quién será durante todo el próximo período de gobierno el director de los medios públicos, lo cual es un atropello atroz a la democracia, porque este gobierno se quiere arrogar el derecho de que el próximo gobierno no pueda decidir quién va a dirigir los medios públicos después de realizarse una elección”.

Por otra parte, afirmó que esta ley “lleva a una concentración de medios de comunicación que va en contra de cualquier estándar internacional en términos de la democratización de los medios de comunicación”.

Añadió que “se generan mecanismos por los cuales los medios de comunicación no tendrán que abonar por utilizar el espacio radioeléctrico nacional que es propiedad del Estado uruguayo”.

“Estos componentes hacen que se esté legislando de una manera particular por intereses espurios, por presiones de grupos de poder y no en aras de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos”, valoró.

Frente Amplio se retira de coordinación de bancadas

Tras el ingreso como “grave y urgente” del proyecto de Ley de Medios, los senadores del Frente Amplio resolvieron, por primera vez desde la restauración de la democracia, no participar más en las reuniones de coordinación de bancadas en las que se ponen sobre la mesa los proyectos a tratar en el orden del día de cada sesión.

Esta decisión de la bancada de senadores de la oposición “intenta demostrar y ejemplificar hasta que altura se rompieron hoy los códigos de relacionamiento entre los partidos”, dijo el senador frenteamplista José Mahía.

Consideró que la ley “cambia las reglas de juego desde el punto de vista político de uno de los temas de mayor sensibilidad que tiene la sociedad y que tiene que ver fundamentalmente con el acceso a los contenidos, con la propiedad de los mismos, con la administración y la relación del Estado con ellos, tanto desde lo nacional como desde lo internacional porque hoy estamos en un mundo globalizado.

Aditivo de Cabildo Abierto

Cabildo Abierto presentó un aditivo, que fue aprobado conjuntamente con la ley, que señala que “los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”, una obligación que “comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político”.