Un “VALE” sin control: la preocupante auditoría del programa Vale Emprender

La reciente auditoría del Tribunal de Cuentas de la República sobre el programa Vale Emprender, ejecutado por la Intendencia de Artigas con fuerte impulso político de la exdiputada Valentina Dos Santos, arroja un saldo que debería inquietar a todo ciudadano mínimamente comprometido con la transparencia y la gestión responsable de los recursos públicos. Más allá de tecnicismos contables o formalidades administrativas, el informe revela la existencia de un entramado de opacidad, desidia en el control interno y carencia de documentación que roza la negligencia institucional.

La auditoría, que revisó los fondos ejecutados entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (85%) y la propia Intendencia (15%), deja en evidencia una doble falta: por un lado, se cometió un error contable al tratar como extrapresupuestales la totalidad de los fondos, incluyendo el 15% que provenía de la Intendencia y que, por normativa, debía imputarse a los objetos de gasto correspondientes. Y por otro, se detectó una ausencia casi total de trazabilidad sobre cómo, a quiénes y en qué forma se entregaron las ayudas económicas y materiales.

El programa benefició a 476 personas en todo el departamento, una cifra que en principio podría parecer alentadora, pero cuya validez queda profundamente cuestionada. No hay forma de verificar con exactitud qué se entregó, a quién, por cuánto dinero ni en qué condiciones. La documentación es deficiente, las carpetas físicas están incompletas, los formularios varían de un caso a otro y en muchos ni siquiera consta la firma del beneficiario o la fecha del registro.

Más grave aún es el hecho de que no se exigía constancia de domicilio ni copia de la cédula de identidad, en un contexto donde los fondos públicos exigen garantías mínimas. La comuna aduce que hubo visitas domiciliarias para constatar la existencia de los emprendimientos, pero ninguna acta lo respalda. La falta de registros auxiliares impide además conciliar lo ejecutado con lo efectivamente entregado, por lo que, en los hechos, nadie puede asegurar que el dinero haya llegado donde debía.

Otro aspecto inquietante tiene que ver con los proveedores: tres de ellos concentraron más del 10% de las compras realizadas por el programa. Aunque esto no sea, en sí mismo, irregular, debería activar una alerta sobre la concentración de contrataciones públicas, más aún cuando el proceso de entrega —según la auditoría— se limitaba a que el beneficiario retirara la mercadería directamente en el local del proveedor, sin fiscalización alguna del municipio. Es decir: ni funcionarios presentes ni documentos que permitan seguir el rastro del gasto.

A todo esto se suma un dato revelador: de las 55 carpetas analizadas en la muestra, 54 corresponden a emprendimientos informales, y aunque se asegura que al menos 20 se formalizaron luego como monotributistas, no hay constancia de esfuerzos institucionales reales para promover esa formalización. Se hizo, como quien dice, lo justo para presentar una estadística, no para cambiar realidades.

Este escenario no puede entenderse como un simple “descuido administrativo”. Lo que está en juego aquí es el uso de fondos públicos en un programa que, en nombre del desarrollo emprendedor, terminó operando bajo lógicas clientelares, sin controles ni transparencia. El hecho de que se trate de un plan promovido por una figura política del oficialismo local —con aspiraciones personales y fuerte exposición mediática— agrava aún más la necesidad de rendición de cuentas clara y verificable.

La auditoría del Tribunal de Cuentas, aunque limitada en alcance por la falta de información que la propia Intendencia no supo (o no quiso) entregar, deja un mensaje fuerte: no se puede gobernar con improvisación, ni mucho menos gestionar dineros públicos con laxitud o sin garantías de control. El programa Vale Emprender, en su implementación, se aleja de los principios de transparencia y legalidad que deben regir la administración pública.

Lo preocupante es que esta situación no es un hecho aislado, sino el reflejo de una cultura de gestión en la que muchas veces prima el interés electoral sobre el interés colectivo. Una cultura donde lo importante es “mostrar acción”, aunque lo que se muestre no tenga sustento, ni sustancia.

La ciudadanía merece saber qué se hizo con su dinero. Y merece también que quienes promovieron y ejecutaron este programa asuman responsabilidades, no solo políticas, sino eventualmente administrativas y legales, si correspondiera. Es momento de que la Intendencia de Artigas, y quienes dirigieron Vale Emprender, den explicaciones serias, completas y públicas. Ya no se trata de defender un programa, sino de recuperar la confianza en las instituciones.