Ceses, legalidad y ética: la Intendencia de Artigas en el centro del debate público

Una nueva polémica política sacude el escenario departamental. El reciente anuncio del cese de 51 funcionarios contratados por parte del Intendente de Artigas ha generado reacciones inmediatas, tanto dentro del funcionariado municipal como en la Junta Departamental, los gremios y la ciudadanía en general. El escenario se tensa entre las justificaciones legales del Ejecutivo, la sensibilidad social del desempleo y cuestionamientos éticos que rodean algunas designaciones jerárquicas.

El detonante: 51 ceses y un gremio en pie

La mañana comenzó con la confirmación por parte del gremio AEMBU de que se encuentran en estado de asamblea permanente, tras tomar conocimiento de los 51 contratos no renovados. Se trata de funcionarios contratados sin concurso ni sorteo, por designación directa de administraciones anteriores, en su mayoría del período de Pablo Caram.

Según el propio intendente, 40 de estos casos corresponden a la ciudad de Bella Unión, a sugerencia directa de la nueva alcaldesa. Los restantes se reparten entre Artigas (6) y Baltasar Brum (3). “Es una situación habitual al inicio de un nuevo gobierno”, sostuvo, destacando que la Intendencia cuenta con 1.573 funcionarios, de los cuales solo 270 están presupuestados, y el resto revisten condición contractual precaria.

“No hay caza de brujas”

Consultado por las versiones que indicaban la posibilidad de más de 300 ceses, el Intendente fue enfático: “No es así. Eso hicieron gobiernos anteriores. Yo resolví cesar solo a 51”. Recordó que la exintendenta Patricia Ayala (Frente Amplio) cesó a más de 300 funcionarios al asumir en 2010, al igual que Julio Silveira y el propio Pablo Caram en 2015.

Sobre los criterios de selección, admitió que no existe un parámetro técnico único, sino que se elaboraron listas a partir de recomendaciones de los directores de área. “No se necesita una justificación específica. La facultad es del Intendente. La ley lo permite”, expresó.

Frente a las sospechas de posibles ceses por razones políticas o por falta de apoyo electoral, respondió: “No, el motivo es la potestad legal. No tiene que ver con afiliaciones partidarias”.

Designaciones cuestionadas y una polémica aún más espinosa

Uno de los puntos más controvertidos de la conferencia fue la designación de la Secretaria General de la Intendencia, Valentina Dos Santos, quien cuenta con una condena cumplida por la Justicia.

Consultado sobre los límites éticos del nombramiento, el jerarca respondió:

“Tiene todos sus derechos habilitados. Si la Justicia hubiese querido inhabilitarla, así lo habría dispuesto. Yo tengo la potestad legal de designar personas de confianza, y decidí nombrarla”.

Para muchos observadores, el trasfondo legal no borra el cuestionamiento ético que emerge del hecho de que una persona con antecedentes penales ocupe una de las jerarquías más altas del gobierno departamental, e incluso firme resoluciones de cese a otros funcionarios.

Horas extras: silencio administrativo y sospechas

Otro foco de tensión gira en torno a la investigación administrativa por presuntas irregularidades en el cobro de horas extras. Un informe del Tribunal de Cuentas de 2024 recomendó pasar algunos casos a la Justicia, y se mencionan nombres como Miguel Irrazábal. Sin embargo, ninguno de esos funcionarios fue cesado.

“Todavía no tenemos el informe final. La administración saliente prometió que estaría en 15 días. Cuando lo tengamos, tomaremos las decisiones correspondientes”, explicó el intendente.

El hecho de que personas señaladas por presuntas irregularidades sigan trabajando, mientras otros funcionarios —muchos sin ningún tipo de objeción funcional o administrativa— fueron cesados, ha generado molestia e incertidumbre dentro del plantel municipal.

Transparencia bajo la lupa

Otra inquietud expresada por los medios fue la falta de publicación oficial de las resoluciones de ingreso y cese. El Intendente dijo desconocer ese detalle y se comprometió a consultar a las oficinas correspondientes.

Tampoco hay una cifra clara sobre cuántas personas han sido ingresadas desde el cambio de mando. El jefe comunal reconoció que sí hubo designaciones por confianza y otras de tipo administrativo, aunque no detalló cuántas.

Entre el miedo y la esperanza: el mensaje al funcionariado

La medida ha generado temor entre los funcionarios contratados que, al no contar con presupuestación, temen ser los próximos. El Intendente intentó transmitir tranquilidad:

“La decisión es puntual. No hay planes de cesar más funcionarios. Seguiremos trabajando en un plan de presupuestación progresiva, como prometimos en campaña. Pero hay que entender que uno tiene que tomar decisiones, y también hacerse cargo de ellas”.

¿Una reforma necesaria o un ajuste dirigido?

Para la oposición, parte del gremio y algunos ediles, esta decisión es vista como un ajuste político que recae sobre los más vulnerables. El intendente, en cambio, lo enmarca como parte de la normalidad de cada inicio de período, amparado en la legislación vigente.

La discusión también pone en evidencia una deuda institucional más profunda: la necesidad de profesionalizar el ingreso a la función pública y avanzar en concursos y sorteos que eliminen la discrecionalidad política de los nombramientos. En ese sentido, un proyecto de ley avanza actualmente en el Senado, aunque todavía sin fecha concreta de aprobación.

La Junta Departamental, próximo escenario

Finalmente, el intendente confirmó que asistirá con su equipo a una asamblea extraordinaria en la Junta Departamental el próximo miércoles, para dar explicaciones y responder inquietudes de los ediles. Allí se espera un debate político candente, donde probablemente se planteen preguntas no solo sobre los ceses, sino sobre la situación general de la administración y la ética en el ejercicio del poder.

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La situación actual de la Intendencia de Artigas refleja una combinación de legalidad, discrecionalidad política, sensibilidad social y debate ético. Más allá de los marcos normativos, lo que hoy está en juego es la confianza de la ciudadanía en la transparencia de sus gobernantes y en la justicia de sus decisiones. En un contexto de alta vulnerabilidad laboral, cada medida pesa, y cada explicación debe ser tan clara como contundente.