Caso Cardama: el gobierno activará denuncias en el Reino Unido y elevará el caso a agencias de investigación de crímenes complejos

El Poder Ejecutivo resolvió avanzar en el plano internacional por el presunto fraude en torno a la garantía de fiel cumplimiento presentada por el astillero español Cardama para la construcción de los dos nuevos buques para la Armada Nacional. La medida implica la ampliación del acuerdo con el estudio jurídico británico Arnold & Porter, con sede en Londres, y la inminente presentación de actuaciones ante organismos especializados en delitos financieros complejos del Reino Unido.

La resolución fue firmada el pasado miércoles por el presidente Yamandú Orsi, la ministra de Defensa Sandra Lazo, y el canciller Mario Lubetkin, instruyendo el inicio de acciones civiles, penales y administrativas, dentro y fuera del país, para “proteger, defender y buscar el eventual resarcimiento de la República Oriental del Uruguay”.

Avances en Uruguay: denuncia penal y posible mediación

En el plano nacional, el gobierno ya presentó una denuncia penal tras detectarse irregularidades en la garantía presentada por Cardama. Luego de que la fiscal de delitos económicos Sandra Fleitas se apartara del caso, la investigación quedó en manos del fiscal Alejandro Machado. Paralelamente, aún no se ha oficializado una demanda civil, aunque el Ministerio de Defensa notificó formalmente al astillero, lo que podría abrir una instancia de mediación.

El gobierno reafirma que ya está definida la rescisión del contrato con Cardama —cuya adjudicación ascendía a €82 millones—, aunque deben cumplirse los pasos administrativos correspondientes. De hecho, los dos oficiales de la Armada uruguaya enviados a Vigo continúan supervisando las instalaciones mientras se formaliza el procedimiento.

Derivaciones internacionales: denuncias en agencias especializadas del Reino Unido

Según fuentes oficiales consultadas, el gobierno manejará en las próximas horas la elevación del caso a la Serious Fraud Office (SFO), la unidad británica encargada de investigar delitos financieros internacionales y proteger la integridad del sistema económico del Reino Unido. Se trata de un organismo que interviene en casos de fraudes complejos transnacionales, una categoría en la que podría encuadrarse la operación de la empresa EuroCommerce Limited, proveedora de la garantía presentada por Cardama.

Asimismo, se evalúa presentar la situación ante la National Crime Agency (NCA), responsable de combatir el crimen organizado en el Reino Unido. De acuerdo con los informes en poder del Ejecutivo, la posible propiedad rusa de EuroCommerce —cuyo titular figura como Vladimir Suzdalev— y la creación reciente de su sitio web en marzo de 2022, coincidiendo con sanciones económicas globales contra Rusia tras la invasión a Ucrania, podrían configurar indicios de evasión de sanciones internacionales, lo que habilitaría una investigación británica.

Como paso adicional, Uruguay enviará una carta formal al Foreign, Commonwealth & Development Office y al Attorney General’s Office británico, con el objetivo de solicitar prioridad en el análisis del caso.

El gobierno descarta, por ahora, iniciar una demanda judicial en el Reino Unido, dado que considera que EuroCommerce es una “empresa de papel” y que la competencia contractual corresponde a los tribunales uruguayos.

Una garantía bajo sospecha

Las señales de irregularidad sobre EuroCommerce se multiplicaron en las últimas semanas. Su sitio web presenta contenido genérico, los registros oficiales indican ausencia total de actividad económica y de empleados en 2023 y 2024, carece de una dirección válida y se encuentra en proceso de disolución, iniciado el 19 de agosto. Si la compañía es finalmente removida del registro, sus activos pasarán a manos del Estado británico.

La situación se agravó cuando el notario español Luis Calabuig de Leyva, cuyo nombre figura en la documentación enviada por Cardama, declaró que su firma habría sido falsificada. A su vez, el supuesto representante de EuroCommerce, Alex Walsh, no aparece vinculado a la empresa en ningún registro oficial del Reino Unido.

Reacciones políticas y próximos pasos

Mientras el gobierno insiste en que la decisión de rescindir la adjudicación ya está tomada, la oposición cuestiona la gestión del caso y sostiene que el anuncio de ruptura con Cardama fue apresurado. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, señaló en declaraciones radiales que si Cardama lograra obtener una garantía válida, “el contrato continuaría”, frase que generó tensiones internas y críticas opositoras.

A esto se añade el avance de la obra: según documentos técnicos, al 15 de octubre Cardama tenía ensamblados 11 módulos del primer buque, cuando debería haber completado 19 de los 42 previstos, lo que el Ejecutivo entiende como incumplimiento contractual.

El caso ingresa ahora en una fase de alta sensibilidad diplomática y jurídica, tanto dentro de Uruguay como en el Reino Unido, y podría escalar hacia investigaciones internacionales por fraude financiero, falsificación documental y elusión de sanciones. La situación mantiene en vilo a las autoridades navales, económicas y políticas, mientras el país busca evitar un perjuicio millonario y asegurar responsabilidades.