Gobierno evalúa alternativas para asegurar la construcción de las patrulleras oceánicas tras denuncia por garantía falsa

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó este lunes que el gobierno mantiene como prioridad que Uruguay cuente con las patrulleras oceánicas (OPV) previstas en el contrato firmado durante la administración anterior, pese a la denuncia judicial por la presentación de una garantía presuntamente falsa por parte del contratista.
“El país necesita tener estas patrulleras”, señaló Sánchez. Indicó que la tarea del Poder Ejecutivo es “resolver el contrato” y asegurar que la construcción continúe, ya sea “con el mismo astillero, con otro o con un consorcio”. En este sentido, reiteró que el gobierno “ratifica la línea de acción comunicada semanas atrás”: avanzar en la transparencia, defender los recursos públicos y agotar todas las vías administrativas antes de determinar los pasos a seguir.
Consultado sobre el futuro del contrato, Sánchez sostuvo que habrá que esperar el pronunciamiento de la Justicia. “Esto no quiere decir que Uruguay se va a quedar sin OPV. Si finalmente se denuncia el contrato y se disuelve, habrá que buscar alternativas”, expresó. Entre esas opciones, el Ejecutivo ya está evaluando otros astilleros o acuerdos de construcción.
El funcionario señaló que el avance de la primera embarcación ronda el 30 % y que lo construido “es propiedad del Estado uruguayo”. Por lo tanto, la obra continuará, “con este astillero o con otro”.
Respecto a la garantía denunciada como falsa, Sánchez la calificó como una “garantía de papel” y subrayó que el contrato se encuentra actualmente “sin garantía”, lo que, a juicio del gobierno, evidencia “mala fe por parte del contratista”.

Interpelación a la ministra de Defensa

En paralelo, el Partido Nacional impulsa la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en el Senado. La acción se da tras la decisión del gobierno de rescindir el contrato de construcción de las OPV.
El senador blanco Javier García —quien, como ministro de Defensa en el período anterior, firmó el contrato en diciembre de 2023— será el interpelante. La oposición espera que la instancia permita esclarecer responsabilidades políticas. Desde el oficialismo, la senadora Bettiana Díaz sostuvo que la responsabilidad recae en la administración anterior y recordó que el Frente Amplio ofreció habilitar el tratamiento inmediato del tema

Orsi llama a la calma

El presidente Yamandú Orsi también se refirió al caso. “Hay una denuncia en la Justicia; ahora, mucha tranquilidad y prudencia”, afirmó. Señaló que es necesario distinguir entre la situación del contrato y la necesidad estratégica de las patrulleras.
“Tenemos que defender la soberanía en el mar. Son obras que llevan tiempo y no son baratas”, dijo. Confirmó, además, que “el contrato está vigente” mientras se procesan las actuaciones administrativas y judiciales.