Informe técnico de la Jutep señala incompatibilidad en el accionar de Álvaro Danza

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, se encuentra nuevamente en el centro de la discusión política luego de que un informe técnico solicitado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) concluyera que su situación configura una “incompatibilidad” en el ejercicio de funciones. El documento, elaborado por el equipo jurídico del organismo, será la base para la resolución que la junta anticorrupción deberá adoptar este jueves.

El punto de conflicto

Danza, además de presidir el prestador público de salud, mantiene actividades profesionales en instituciones privadas y universitarias, y trabaja en al menos tres mutualistas. Para la oposición, esto vulnera el Artículo 200 de la Constitución, que establece limitaciones estrictas para quienes integran directorios de entes autónomos y servicios descentralizados, impidiéndoles ejercer cargos o actividades que mantengan relación directa o indirecta con la institución que dirigen.

El informe técnico de la Jutep habría validado esa interpretación, según confirmaron a El País fuentes parlamentarias.

Próxima decisión: ¿consenso o mayoría?

La Jutep está integrada por:
 • Ana Ferraris (presidenta) – Frente Amplio
 • Alfredo Asti (vicepresidente) – Frente Amplio
 • Luis Calabria – Partido Nacional

La resolución puede adoptarse por consenso o por mayoría simple. En caso de votación dividida, quedará constancia de la discordancia política dentro del organismo.

El pronunciamiento es clave para el gobierno de Yamandú Orsi y la bancada oficialista, que preparan la defensa de Danza en paralelo a la interpelación aprobada este martes en la Cámara de Representantes.

Interpelación y cruces en Diputados

La Cámara aprobó, con 47 votos de la oposición, la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, promovida por el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo, quien será el miembro interpelante.

Sotelo afirmó en sala que el caso podría configurar un “delito de falsificación ideológica”, señalando que Danza habría omitido información relevante en el informe jurídico que solicitó antes de asumir.
En el Partido Nacional, el diputado Pablo Abdala calificó al jerarca como “usurpador”, y sostuvo que su accionar responde al “dinero y al poder”, generando un “daño institucional”.

Por su parte, el exsubsecretario de Salud Luis Satdjian recordó que Danza mantiene “ocho ingresos” o empleos, advirtiendo que el caso transmite un mensaje inaceptable en la función pública: “marcar tarjeta y no trabajar”.

Desde el Frente Amplio, el diputado Alejandro Zavala defendió al jerarca calificando las denuncias como parte de un “escarnio público” alimentado por “maniobras mediáticas”. Señaló que la oposición está en su derecho de interpelar, pero sostuvo que acusar a Danza de “usurpación” implica señalar un delito que —si se considera tal— debe ser llevado directamente a la Justicia.

Lo que se espera

La resolución de la Jutep será determinante.
Dependiendo de su tono y firmeza, puede:
 • Respaldar políticamente a Danza,
 • Presionarlo a dejar el cargo,
 • O abrir la puerta a nuevas acciones parlamentarias o judiciales.

Por ahora, el oficialismo cierra filas, pero la tensión interna crece: si la incompatibilidad queda confirmada, el costo político recaerá directamente sobre el gobierno y sobre la ministra Lustemberg.