Fuerte cruce político en Diputados por el accionar de la Jutep en el caso Danza

La Cámara de Diputados fue escenario ayer de una interpelación de alto voltaje político al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, a raíz de la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, cuestionado por ejercer actividades privadas como médico en mutualistas que mantienen contratos con el propio organismo estatal.
La polémica se originó cuando la Jutep resolvió, por mayoría, que no existía incompatibilidad en la situación de Danza. La decisión fue adoptada por los dos directores oficialistas —la presidenta Ana Ferraris y Alfredo Asti— y contó con el voto en contra del vocal opositor Luis Calabria. El fallo contradijo un informe técnico interno de la asesoría letrada de la propia Jutep, que advertía sobre eventuales irregularidades.
Tras conocerse la resolución, Danza optó por renunciar a sus actividades privadas, aunque la oposición sostuvo que el daño institucional ya estaba consumado y redobló las críticas, denunciando una decisión partidaria, abuso de poder y falta de transparencia por parte del organismo.

Duras acusaciones de la oposición

La interpelación estuvo marcada por un hecho que encendió aún más la controversia: la ausencia de los integrantes de la Jutep en sala, lo que fue duramente cuestionado por los legisladores opositores.
El diputado interpelante, Pablo Abdala (Partido Nacional), lanzó las críticas más severas contra la mayoría del directorio del organismo. Acusó a la Jutep de “abuso de poder” e “inconducta funcional”, apuntando directamente contra su presidenta.
“Violaron notoriamente la independencia de criterio y la independencia técnica para servir un interés partidario”, sostuvo Abdala, quien llegó a calificar la resolución del 6 de noviembre como un “fraude” y un acto “de alto contenido político” destinado a “sostener el relato oficial” sobre el caso Danza.
El legislador denunció además que se omitieron informes desfavorables al jerarca de ASSE y que la Jutep actuó con la “connivencia y el consentimiento del gobierno del Frente Amplio”. En ese marco, reclamó la remoción de Ana Ferraris y extendió la responsabilidad política al ministro Mahía por el vínculo institucional del MEC con la Jutep.

La defensa del ministro Mahía

En su respuesta, el ministro Mahía rechazó de forma categórica las acusaciones y defendió la autonomía funcional de la Jutep. Aseguró que no existió ninguna injerencia del Poder Ejecutivo en la resolución adoptada.
La decisión fue adoptada sin presión indebida alguna. La Jutep actúa con autonomía como poder descentralizado”, afirmó el jerarca, recordando que el informe cuestionado tenía carácter técnico y no vinculante, tal como lo establece la ley de creación del organismo.
Mahía sostuvo que la pluralidad de votos no implica politización y negó cualquier irregularidad institucional. “No hubo manipulación de la Jutep y se actuó conforme a derecho”, enfatizó, calificando de “exabrupto” las alusiones a prácticas totalitarias y desafiando a la oposición a presentar “una sola prueba” concreta de las irregularidades denunciadas.

Las mociones y el cierre sin definiciones

Al finalizar la interpelación se presentaron cuatro mociones, ninguna de las cuales logró mayoría.
• La primera, firmada por la diputada frenteamplista Ana Olivera, daba por satisfactorias las explicaciones del ministro y avalaba la actuación de la Jutep. Fue rechazada por 50 votos en contra y 48 a favor.
• La segunda, presentada por Martín Lema, Gabriel Gurméndez y José Olaizola, consideraba insatisfactorias las respuestas de Mahía, cuestionaba la ausencia de la Jutep y solicitaba la remoción de su presidenta. También fue negativa (51 votos en contra y 47 a favor).
• La tercera, del diputado Álvaro Perrone, proponía la remoción de los tres directores de la Jutep y eximía de responsabilidad al ministro.
• La cuarta, impulsada por Gustavo Salle, planteaba directamente la disolución de la Jutep.
Las dos últimas mociones fueron desglosadas artículo por artículo, procedimiento que generó protestas de sus autores. Finalmente, ninguno de los artículos alcanzó mayoría, cerrando la jornada sin resoluciones concretas, pero dejando expuesta una profunda fractura política en torno al rol y la credibilidad del organismo encargado de velar por la ética pública.