Uruguay suspendió pagos al astillero Cardama hasta que haya una resolución judicial, confirmó la ministra Lazo

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, confirmó este lunes que el Estado uruguayo no autorizará nuevos pagos al astillero español Cardama hasta que exista una resolución judicial sobre la denuncia en curso vinculada al contrato para la adquisición de patrulleras oceánicas (OPV) destinadas a la Armada Nacional.
La jerarca realizó estas declaraciones en rueda de prensa, en el marco del 197.º aniversario del Ministerio de Defensa Nacional, donde sostuvo que el gobierno mantendrá el proceso “en stand by” y que Presidencia de la República amplió la denuncia contra la empresa española.
Lazo explicó que, si bien el empresario Mario Cardama comunicó recientemente la colocación de la segunda quilla, pretendiendo que ese avance habilite nuevos desembolsos, el Poder Ejecutivo fue claro en que solo se liberarán fondos cuando se cumplan hitos contractuales verificables, como la instalación efectiva de los motores y otros avances sustanciales.

Un contrato bajo cuestionamiento

El Ministerio de Defensa, durante la administración de Luis Lacalle Pou, firmó en 2023 un contrato con Cardama por la compra de dos buques de patrulla oceánica, por un monto total de 92 millones de dólares.
Sin embargo, el 22 de octubre, el presidente Yamandú Orsi anunció la decisión del gobierno de rescindir el contrato, luego de detectar presuntas irregularidades en las garantías, al comprobarse que la empresa EuroCommerce, encargada de respaldar el aval, se encontraba en proceso de liquidación, lo que debilitaba seriamente la seguridad jurídica del acuerdo.

Inspecciones en España y advertencias por la calidad

En este contexto, Lazo informó que inspectores uruguayos se encuentran actualmente en España, acompañados por una segunda auditoría de la calificadora internacional Bureau Veritas, cuyo trabajo respalda las evaluaciones técnicas realizadas por el Estado uruguayo.
La ministra expresó su preocupación por la reciente “aceleración” de los trabajos luego de un período de parálisis, advirtiendo que la colocación de una quilla “puede ser solamente presentar una chapa” y no necesariamente un avance real en la construcción.
En ese sentido, subrayó que Uruguay no cederá en los estándares de calidad, ya que de estos depende la seguridad de los efectivos de la Armada Nacional que operarán las embarcaciones.
Consultada sobre si la prisa en los trabajos podría afectar el resultado final, Lazo fue enfática: los apuros de último momento incrementan el riesgo de recibir un producto que no cumpla con los requisitos técnicos exigidos. Aclaró, además, que su postura no responde a una animadversión personal hacia el empresario, a quien dijo haber visto apenas dos veces, sino a la responsabilidad de proteger a los funcionarios del Estado y los recursos públicos.

Alternativas y visión estratégica

La ministra destacó la importancia estratégica de contar con patrulleras oceánicas, especialmente en un contexto internacional complejo, y planteó la necesidad de explorar alternativas regionales, fortaleciendo esquemas de cooperación y soberanía compartida con países vecinos.
En línea con esta postura, el presidente Orsi afirmó el pasado 9 de diciembre que Uruguay contará “sí o sí” con patrullas oceánicas, asegurando que el gobierno trabaja para alcanzar ese objetivo central, más allá del desenlace del contrato con Cardama.
Días atrás, Lazo ya había anticipado en el programa Arriba Gente (Canal 10) la posibilidad de suspender los pagos, señalando que la garantía de fiel cumplimiento con características fraudulentas “ya configura una rescisión del contrato”, aunque aclaró que el proceso requiere acciones administrativas y judiciales que lo respalden formalmente.
De confirmarse el incumplimiento de los plazos y condiciones, el Ministerio de Defensa evalúa al menos dos alternativas para adquirir las OPV, una de ellas mediante fabricantes de la región, descartándose la posibilidad de construir las naves en Uruguay.