Acción civil por daño moral: denuncian acusaciones infundadas y maniobras irregulares en una asociación civil

Marcelo Silva explicó los fundamentos de la demanda judicial, el rol del MEC y las instancias que ya fallaron a favor de sus representados

Una demanda para reparar el honor lesionado

Marcelo Silva brindó detalles sobre una acción civil por daños y perjuicios iniciada a raíz de lo que calificó como acusaciones falsas y sin sustento, realizadas por la Directiva del Fogón de los Gauchos. Según explicó, la demanda apunta a reparar el daño moral sufrido por sus representados, luego de que se difundieran versiones que atentaron contra su honor y valores personales.
“Se utilizó una versión con la mera intención de lesionar el honor y los valores morales de las personas que represento, acusándolas de una supuesta falsificación de firma y luego de apropiación indebida”, señaló Silva, aclarando que dichas acusaciones fueron modificándose con el tiempo y nunca estuvieron respaldadas por pruebas concretas

Acusaciones sin denuncia penal

Silva remarcó que, pese a la gravedad de los hechos denunciados públicamente, en ningún momento se presentó una denuncia penal formal que respaldara las acusaciones.
“Tanto la supuesta falsificación de firmas como la de documentos son completamente infundadas. No hubo denuncia penal alguna, lo que demuestra que el objetivo no era otro que eliminar a la oposición dentro de la comisión directiva y causar un perjuicio personal”, afirmó.

La intervención del Ministerio de Educación y Cultura

El conflicto derivó en distintas instancias administrativas ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), organismo encargado del contralor de las asociaciones civiles. Según explicó Silva, dichas instancias fueron determinantes.
“El MEC estableció lo ilícito de las acusaciones y del procedimiento de expulsión, y ordenó la restitución inmediata de estas personas a la asociación civil”, indicó. Sin embargo, la institución se negó a cumplir con lo dispuesto, lo que derivó en sanciones económicas y consecuencias mayores.

Multas, incumplimientos e intervención

La negativa de la asociación a acatar las resoluciones del MEC tuvo como resultado la aplicación de una multa cercana a los cien mil pesos y, posteriormente, la intervención de la institución.
“Se nombró un interventor  designado por el MEC, y durante aproximadamente seis meses la comisión directiva quedó sin actuar”, explicó Silva, quien consideró esta resolución como una prueba contundente de las irregularidades cometidas.

El daño moral y la búsqueda de justicia

El eje central de la demanda es la reparación del daño moral, un bien jurídico que, según Silva, resulta especialmente vulnerable en tiempos de redes sociales y medios masivos de comunicación.
“El honor es un bien que muchas veces no se ve, pero cuando se lesiona es muy difícil volver al estado anterior. La ley establece que las personas tienen derecho a reclamar cuando este bien es afectado”, sostuvo.

Avances en la instancia judicial

En cuanto al proceso judicial, Silva informó que la primera instancia desarrollada recientemente fue favorable para su parte y que actualmente se transita la etapa de declaraciones testimoniales.
“La jornada de ayer fue muy buena para nosotros y confiamos en que hoy seguiremos en el mismo sentido. Lo que se busca acá es hacer justicia y reparar, en la medida de lo posible, un daño que es prácticamente irreparable”, concluyó.