El Ministerio de Justicia

Desde que asumió el nuevo Gobierno nacional se habla de la creación del Ministerio de Justicia.
Según el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz para hablar de justicia hay que hacerlo primero de cómo los ciudadanos acceden a ella, lo cual según él es un enorme problema en el Uruguay, aunque los índices nacionales en el ámbito latinoamericano sean de los mejores.
Sostiene que el descontento en el sistema de justicia trasciende gobiernos y se concentra en los sectores que no tienen acceso, hay un conjunto de la población que no puede hacer uso de su derecho de acceder a la justicia. 

También adelantó que se procura un sistema nacional de registros centrado en las personas.
Los registros son derechos, el de propiedad y el de estado civil integran un intangible que es la seguridad jurídica y les asegura a las personas ejercer efectivamente sus derechos.
Otro aporte es que posibilitará mejorar el sistema de cumplimiento de medidas y penas a quienes delinquen y la defensa legal estatal ante arbitrajes internacionales.

Explicó que esta institucionalidad funciona en los 10 países con las democracias mejor ubicadas en el índice de Estado de Derecho: Dinamarca, Noruega, Finlandia,Suecia, Alemania, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda y Estonia, así como en la mayoría de los de América Latina. 
Estas declaraciones del Dr. Jorge Díaz se encuentran en la página web “Presidencia Uruguay” y datan del 31 de Julio pasado.

Muy lindas las declaraciones de mencionado jerarca; pero como ciudadano considero que esos objetivos se pueden alcanzar sin un Ministerio de Justicia.
No es necesario inventar un Ministerio para mejorar la Justicia en el Uruguay. Lo mejor sería mejorar el sistema de justicia que ya lo tenemos. 

No olvidemos que el Uruguay es una República y por lo tanto tenemos la Separación de Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Tenemos en nuestra justicia al órgano máximo llamado Suprema Corte de Justicia, la que es integrada por 5 miembros a los cuales se llaman Ministros.

Nuestra Constitución es clara.
En su artículo 233 dice que el Poder Judicial será ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por los Tribunales y Juzgados en la forma que estableciere la ley.
La creación y funcionamiento de un Ministerio de Justicia saldría de la órbita del Poder
Judicial y entraría a la órbita del Poder Ejecutivo y de esa forma se vulnerarían las garantías de la imparcialidad y la independencia.

Es verdad que hoy tenemos una justicia cara y que no todos los ciudadanos están en condiciones de acceder a ella porque los tributos (timbres) cuestan mucho; los impuestos y tasas judiciales son cada vez menos accesibles y los honorarios profesionales también son elevados. Pero también es verdad que existe una justicia gratuita para los carentes de recursos; así lo establece de forma clara el artículo 254 de la Constitución; y a menudo los abogados particulares hacemos trámites con el beneficio de la Auxiliatoria de Pobreza. 

Muchos ciudadanos dirán que en la práctica no es así y que existe una justicia para el pobre y otra para el rico.
Sin dudas que hay muchas cosas por mejorar para que realmente exista una Justicia para todos, una Justicia con mayúscula que atienda y brinde soluciones a todos los conciudadanos que la necesiten; pero la creación de un Ministerio nuevo no brinda la solución.

El año pasado en este diario abordamos la problemática de las Defensorías Públicas y estamos aguardando soluciones para este importante servicio estatal; las cosas siguen igual.
Las soluciones serían mayor presupuesto para la Suprema Corte sin olvidar los recursos humanos. Se necesitan más defensores públicos y más funcionarios peritos; Juzgados con más turnos en ciudades del interior; Juzgados en la campaña; y además bajar los costos de los tributos judiciales. Esto para empezar. Me quedo corto.

Debemos evitar las demoras en los procesos. Recuerdo con cariño al profesor Dr. Jorge Marabotto, quien llegó a Ministro de la Suprema Corte, decir que justicia que tarda no es justicia.
Somos ejemplo en el mundo por tener excelentes magistrados que nos han dejado bien parados a los uruguayos. 

Nuestra Suprema Corte, al igual que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) se han caracterizado siempre por su responsabilidad e imparcialidad en la toma de decisiones.
Que hay aspectos a mejorar es cierto pero no creando un ministerio que según dicen no ejercerá función jurisdiccional.

Ese ministerio me consta que será un derroche de dinero de todos los uruguayos. Ese dinero se debe priorizar y la mejor forma de hacerlo es invertir en una obra que ya está pronta, que tiene una tradición en valores e imparcialidad como lo es nuestra S.C.J. desde el año 1907.