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El Poder Ejecutivo calificó de "irregular" e "inconveniente" la resolución de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios que habilita el cobro de timbres en informes vinculados a consultas médicas. La medida, prevista para comenzar a regir el 1.º de agosto, podría ser anulada si el directorio de la institución no la revierte por iniciativa propia.
El Director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, aseguró que el gobierno ya comunicó formalmente a las autoridades de la Caja su rechazo a la resolución y espera que el directorio reconsidere la decisión antes de que entre en vigor.

"Es una resolución irregular en lo formal e inconveniente en lo fáctico", afirmó el jerarca en declaraciones a Telemundo. Según explicó, el Poder Ejecutivo entiende que el directorio de la Caja Profesional no tiene competencias para definir tanto el mecanismo de cobro como el monto de la imposición.

Impacto económico

Di Doménico sostuvo que la medida tendría un fuerte impacto sobre el sistema de salud. De acuerdo con estimaciones realizadas por equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública (MSP), la aplicación de estos timbres generaría una recaudación de entre 60 y 100 millones de dólares anuales.
A su entender, ese escenario implicaría "duplicar el esfuerzo contributivo" que ya realiza la sociedad a través del reciente rescate financiero de la Caja Profesional.

"Se estaría duplicando el esfuerzo contributivo que ya está haciendo toda la sociedad en el rescate financiero de la Caja Profesional", señaló, al tiempo que calificó la iniciativa como "desproporcionada" y carente de legitimidad.

El Ejecutivo analiza intervenir la resolución

El Director nacional de Seguridad Social indicó que la semana pasada convocó al presidente de la Caja Profesional, Andrés Pérez, para solicitar que el directorio deje sin efecto la resolución.
Aunque remarcó que el organismo cuenta con autonomía política, advirtió que el Poder Ejecutivo dispone de mecanismos legales para impedir la aplicación de la medida si el directorio decide mantenerla.

"Si el directorio dentro de su autonomía mantiene la resolución, el Poder Ejecutivo tiene las facultades que le otorga la norma para revertir esta resolución", afirmó.
No obstante, aclaró que la prioridad del gobierno es que sea la propia Caja la que revierta la decisión. "Somos defensores de la democracia y de la autonomía política de la Caja Profesional. No estamos de acuerdo en intervenir la Caja", expresó. Agregó, sin embargo, que si ello no ocurre, el Ejecutivo adoptará una resolución para impedir el cobro de los timbres.

Los delegados del Ejecutivo "fueron sorprendidos"

Di Doménico también explicó por qué los dos representantes del Poder Ejecutivo en el directorio votaron inicialmente a favor de la iniciativa.
Según relató, el asunto fue incorporado como un trámite más dentro de una extensa sesión del directorio y los delegados no contaban con todos los informes jurídicos y financieros necesarios para evaluar el alcance de la propuesta.

"Estoy absolutamente convencido de que fueron sorprendidos en su buena fe", afirmó.
Asimismo, cuestionó la actuación de los directores sociales de la institución, al considerar que históricamente han prevalecido "intereses corporativos" por encima de los principios que deben regir la seguridad social.

Defensa del acuerdo parlamentario

En referencia a la delicada situación financiera de la Caja Profesional, Di Doménico recordó que la reciente ley de rescate aprobada por el Parlamento fue el resultado de un amplio acuerdo político destinado a distribuir de forma equilibrada los costos para asegurar la viabilidad del organismo.