Manini Ríos reclama garantías legales para militares que participen en patrullajes con la Policía

El líder de Cabildo Abierto respaldó la utilización de vehículos del Ejército en operativos de seguridad, pero advirtió que es imprescindible establecer un marco jurídico claro que proteja tanto a los efectivos militares como a la ciudadanía.

Debate por el uso de vehículos militares en tareas de seguridad

El líder de Guido Manini Ríos se pronunció sobre la iniciativa anunciada por el ministro del Interior, Carlos Negro, que prevé la utilización de vehículos del Ejército en patrullajes policiales en los barrios considerados más complejos de Montevideo.
La propuesta, presentada recientemente en el Parlamento, generó diversas reacciones en el ámbito político y de la seguridad pública. En ese contexto, Manini Ríos consideró necesario aclarar algunos aspectos de la medida y sostuvo que se ha generado una interpretación equivocada sobre el alcance de la participación militar.

“No se trata de patrullajes militares”

Durante una rueda de prensa, el dirigente cabildante afirmó que la iniciativa no implica que las Fuerzas Armadas asuman tareas de patrullaje de forma independiente.

“Se ha vendido una especie de imagen como que se inician patrullajes militares y no es eso”, expresó.
Manini recordó que militares y policías ya han trabajado conjuntamente en distintas circunstancias, incluyendo operativos en zonas de frontera, situaciones de emergencia climática y otras intervenciones excepcionales.
A su entender, la colaboración entre ambas instituciones no representa una novedad, sino una modalidad que ya ha sido aplicada en diferentes escenarios.

La necesidad de reglas claras

El excomandante en jefe del Ejército enfatizó que cualquier participación de efectivos militares en este tipo de operativos debe estar respaldada por normas precisas que definan responsabilidades y límites de actuación.
Según explicó, quienes conduzcan vehículos militares en apoyo a la Policía deben conocer claramente cuáles son sus competencias y hasta dónde pueden intervenir.

“Tiene que haber un marco legal que lo ampare y le dé garantías a él y a la gente”, sostuvo.
Para Manini Ríos, la existencia de reglas claras resulta fundamental para evitar incertidumbres operativas y brindar seguridad jurídica a todas las partes involucradas.

Protección jurídica para el uso de la fuerza

Uno de los puntos centrales planteados por el líder de Cabildo Abierto refiere a la situación de los militares ante eventuales escenarios de riesgo durante los operativos.
En ese sentido, consideró indispensable que los efectivos cuenten con respaldo legal suficiente en caso de que deban actuar utilizando su armamento reglamentario.

“Tiene que haber garantías para que, si deben usar su arma, estén amparados y no terminen siendo responsabilizados”, afirmó.
La discusión sobre el alcance de la participación militar en tareas vinculadas a la seguridad pública vuelve así a instalarse en la agenda política, en momentos en que el Gobierno analiza nuevas herramientas para reforzar la presencia estatal en zonas de alta conflictividad de la capital.