Oposición denunció a Sandra Lazo por presunto abuso de funciones en el caso Cardama

La coalición republicana presentó una denuncia ante Fiscalía contra la ministra de Defensa y dos funcionarios de la cartera. El planteo sostiene que existieron decisiones y actuaciones irregulares vinculadas al contrato para la construcción de patrulleras oceánicas. Desde el Frente Amplio rechazaron las acusaciones y defendieron la actuación del Ministerio de Defensa.

Denuncia por abuso y usurpación de funciones

La coalición republicana de partidos de oposición presentó este lunes ante la Fiscalía una denuncia contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y dos funcionarios de esa cartera, por los presuntos delitos de abuso innominado de funciones y usurpación de funciones, en el marco de la controversia por el contrato con el astillero Cardama para la construcción de patrulleras oceánicas.
El diputado nacionalista Pablo Abdala explicó en conferencia de prensa que la presentación judicial surge a partir de lo que la oposición considera una serie de actuaciones que configuraron un “abuso de poder” por parte de la actual administración desde marzo de 2025.
Según sostuvo el legislador, existió desde el comienzo una decisión predeterminada de avanzar hacia la rescisión del contrato.

Cuestionamientos por el seguimiento de las patrulleras

Abdala señaló que la Comisión Investigadora parlamentaria habría recogido testimonios que, a su entender, permiten concluir que la decisión de rescindir el contrato ya estaba tomada antes de que culminaran determinadas instancias del proceso.
El diputado cuestionó además la actuación de la ministra Lazo durante los meses posteriores y afirmó que existieron “evidentes omisiones durante siete meses” por la falta de envío de delegados técnicos a Vigo, España, para realizar el seguimiento de la construcción de las patrulleras.

Posteriormente, según la versión planteada por la oposición, el Ministerio de Defensa decidió retirar esa responsabilidad de la Armada Nacional y encomendarla a dos técnicos de la Dirección de Marina Mercante.
Abdala cuestionó la idoneidad de ambos funcionarios para esa tarea y sostuvo que no contaban con la competencia, experiencia y preparación necesarias.

La oposición también cuestiona pagos realizados

Otro de los aspectos señalados por el diputado fue la comunicación entre el Ministerio de Defensa y el astillero durante el proceso.
Abdala sostuvo que la cartera no respondió determinados mensajes y que, a su entender, existieron acciones que “obstruyeron en algún sentido” el proceso de construcción.
El legislador interpretó estas actuaciones como parte de una estrategia que habría generado dificultades en la ejecución del contrato.
Sin embargo, destacó que, pese a las diferencias existentes, durante 2025 el Estado uruguayo realizó pagos por 20 millones de euros, efectuados en dos desembolsos.
Para Abdala, el conjunto de decisiones y omisiones denunciadas podría comprometer la responsabilidad penal de la ministra, dado que se trataría de actuaciones adoptadas en el marco de sus competencias como jerarca del Ministerio de Defensa.

Denuncia contra dos funcionarios

La presentación ante Fiscalía también alcanza a dos personas que, según la oposición, durante los primeros meses de 2025 desarrollaron distintas actuaciones dentro del Ministerio de Defensa sin contar todavía con un vínculo funcional formal con la cartera.
Abdala afirmó que ambos participaron en gestiones, indagaciones y reuniones con autoridades militares y representantes de Cardama.
Según la denuncia, además habrían accedido a información confidencial y elaborado informes que posteriormente fueron utilizados en investigaciones administrativas.
La oposición entiende que estas actuaciones podrían configurar el delito de usurpación de funciones, aspecto que ahora quedará sujeto al análisis de la Fiscalía.

Frente Amplio
rechazó la denuncia

Desde el oficialismo, el senador Eduardo Brenta cuestionó duramente la presentación judicial de la oposición y sostuvo que hubiera esperado que las fuerzas políticas actuaran en defensa de los intereses del Estado uruguayo.
Brenta consideró que el astillero Cardama “notoriamente estafó al Estado uruguayo” y afirmó que la existencia de garantías falsas fue reconocida durante el trabajo de la Comisión Investigadora incluso por integrantes de la propia coalición.
“Lamentamos que este posicionamiento sea contra el Estado uruguayo y no en su defensa”, manifestó.

Oficialismo defiende la actuación de los funcionarios

El senador frenteamplista también rechazó que las personas señaladas hayan actuado de manera irregular.
Según explicó, los funcionarios habían sido designados por el Ministerio de Defensa y sus respectivos pases en comisión se encontraban en proceso.
Ante la consulta sobre si esa situación descartaba una eventual responsabilidad penal, Brenta respondió de manera categórica: “Totalmente”.
Para el legislador, la denuncia presentada por la oposición constituye un intento de “desviar la atención” del problema central: la necesidad de que Uruguay disponga de patrulleras oceánicas y la contratación de una empresa que, según sostuvo, no estaba capacitada para construirlas.

“Hay que defender a Uruguay”

Brenta afirmó que las actuaciones realizadas desde el Ministerio permitieron esclarecer distintos hechos y avanzar posteriormente de manera formal en el ámbito de la Comisión Investigadora.
El senador defendió además la actuación de la ministra Lazo y señaló que la jerarca ha sido “contundente y clara” respecto de la situación.
“Acá el centro de la cuestión es que el Estado uruguayo fue estafado y hay que defender a Uruguay”, afirmó.

El futuro de las patrulleras

Mientras la controversia política y judicial continúa, el futuro de las patrulleras oceánicas sigue siendo uno de los principales puntos de discusión.
Consultado al respecto, Brenta aseguró que las gestiones continúan y sostuvo que, aunque no conoce los detalles de las negociaciones en curso, Uruguay terminará este período de gobierno con patrulleras oceánicas.

La denuncia presentada ante Fiscalía abre ahora una nueva instancia en torno al caso Cardama, mientras continúan las investigaciones políticas y administrativas destinadas a determinar responsabilidades y esclarecer el proceso de contratación y posterior conflicto con el astillero.