El Partido Nacional, a través de su edil, Dr. Marcelo Soravilla, se enfrenta hoy a un importante debate en la Junta Departamental.
Se trata del pedido de venia solicitado por la Intendencia para el cese de una funcionaria municipal con 27 años de antigüedad, un proceso que ha estado en discusión durante el último mes en la Comisión de Legislación.
Un expediente minuciosamente preparado
Soravilla, en su calidad de integrante de la comisión, destaca la solidez técnica del expediente que sustenta el pedido de cese. Este expediente es el resultado de un sumario administrativo que se prolongó por más de un año, y cuya conclusión, firmada por el abogado sumariante, es clara: la funcionaria debe ser cesada.
El Edil subrayó que, a pesar de la claridad y el rigor del expediente, la discusión dentro de la comisión ha sido compleja y dividida.
Existen posiciones divergentes, lo que hace prever que en la sesión de hoy se presentarán dos informes diferentes: uno en mayoría y otro en minoría.
Estos serán analizados y votados en el plenario de la Junta Departamental mañana, jueves.
Un Historial de Inasistencias y Abandono de Cargo
El caso de la funcionaria en cuestión no es menor. Según Soravilla, en un período de dos años y medio, la trabajadora acumuló 104 inasistencias y no cumplió con su jornada laboral en 336 días.
Además, se registraron tres casos específicos de abandono de cargo. Estos hechos, según el Edil, son “muy graves” y no pueden ser ignorados ni justificados por otros problemas.
La funcionaria, por su parte, atribuye estas faltas a un conflicto laboral con su regente, una justificación que para Soravilla no es suficiente.
“El hecho de que haya un relacionamiento que no sea acorde con el regente no te habilita a vos a faltar tantas veces y a no tener la jornada laboral completa tantos días”, argumentó.
La Coherencia en la Aplicación de la Justicia
Soravilla insistió en la importancia de ser justos y coherentes en la aplicación de las normas.
Recordó que otros funcionarios han sido cesados por faltas similares, incluyendo familiares de ediles de su propio sector político, sin que se levantaran objeciones. “Si está bien, está bien”, expresó, defendiendo la necesidad de mantener una postura equitativa y sin dobles estándares.
Para el edil, no se puede justificar una mala conducta con otra, y es fundamental enviar un mensaje claro a la sociedad.
“Nosotros queremos, por medio de la Junta Departamental, mostrar que somos coherentes en nuestras decisiones. Si pedimos el cese para unos, también debe aplicarse para otros”, enfatizó.
Un debate que promete ser intenso
A pesar de la certeza de Soravilla sobre la necesidad de cesar a la funcionaria, el edil anticipa un debate intenso en la Junta Departamental.
Sin embargo, confía en que la discusión se mantendrá en un nivel de altura y respeto, permitiendo a todos los compañeros ediles comprender plenamente los alcances del expediente y la importancia de la decisión que deben tomar.
Soravilla concluyó subrayando la responsabilidad que recae sobre la Junta Departamental en este caso. La decisión que se tome no solo afectará a la funcionaria en cuestión, sino que también enviará un mensaje contundente sobre la conducta y la responsabilidad esperada de los funcionarios públicos en el departamento.
El resultado de esta discusión marcará un precedente en cómo se maneja la disciplina laboral en el ámbito municipal, y reflejará la coherencia y justicia con la que la Junta Departamental de Artigas maneja sus decisiones.
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