Ferrocarril Central: Consorcio inicia demanda internacional contra el Estado por deuda de US$ 160 millones

El consorcio Grupo Vía Central (GVC) ha iniciado acciones legales contra el Estado uruguayo por una deuda de US$ 160 millones, correspondiente a pagos pendientes por la puesta en disponibilidad de la nueva vía férrea en diciembre de 2023. La situación podría derivar en un arbitraje internacional, con serias implicaciones para la operación del proyecto.

Reclamos en medio del cierre de gestión

En los últimos días del gobierno de Luis Lacalle Pou, ejecutivos del consorcio se reunieron con autoridades en la Torre Ejecutiva para plantear el reclamo, según informaron fuentes de gobierno. El pago adeudado corresponde a una partida estipulada en el contrato de participación público-privada (PPP) que debía abonarse una vez que la vía estuviera operativa.

El proyecto, que implicó una inversión de US$ 1.500 millones financiados por las empresas Sacyr (España), NGE (Francia), y las uruguayas Saceem y Berkes, junto a bancos e instituciones locales e internacionales, ha sido considerado clave para mejorar la competitividad logística de Uruguay.

Un sistema operativo, pero con deudas pendientes

Desde diciembre de 2023, la vía férrea permite el transporte de carga, incluyendo la producción de UPM desde Pueblo Centenario hasta el Puerto de Montevideo. Las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) han destacado el cumplimiento de las obras y los estándares europeos de seguridad que rigen el proyecto.

En conferencia de prensa el 18 de febrero, el ministro José Luis Falero afirmó que "el proyecto ha cumplido con la construcción, instalación y verificación de auditoría externa de todos los componentes de acuerdo a las normas nacionales e internacionales".

Problemas adicionales: vandalismo y costos extras

El consorcio también ha manifestado su preocupación por el aumento de actos vandálicos, como el robo de cables y la destrucción de señalización, lo que representa un costo adicional significativo para las empresas responsables del mantenimiento.

A pesar de un acuerdo de entendimiento firmado en enero entre el gobierno y el consorcio, la falta de avance en el proceso de pago, especialmente por la negativa del Ministerio de Economía, ha dejado a las empresas en una posición crítica. Desde GVC se advierte que, de no solucionarse el conflicto, la demanda internacional será inevitable, afectando tanto la operativa del proyecto como la reputación del país en futuros acuerdos internacionales.