La Jutep analiza la situación de Álvaro Danza y crece la tensión por posible conflicto de intereses

El futuro del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, atraviesa horas decisivas. El jerarca y el gobierno del presidente Yamandú Orsi aguardan el pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que resolvió actuar de oficio ante las denuncias por presuntas incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones.

Danza, además de encabezar el principal prestador público de salud del país, mantiene actividad asistencial como médico en al menos tres instituciones privadas: La Española, Cams y Médica Uruguaya. Esta simultaneidad es el centro del debate político y jurídico, dado que ASSE y las mutualistas suelen mantener relaciones comerciales y de complementación de servicios, lo que podría configurar un conflicto de intereses.

Desde la oposición, la coalición republicana sostiene que la situación constituye una violación a la normativa vigente, apoyándose tanto en informes jurídicos como en el análisis técnico elaborado por la propia Jutep. La objeción se fundamenta en el artículo 200 de la Constitución, que establece que los directores de entes autónomos y servicios descentralizados no pueden ejercer simultáneamente actividades profesionales que tengan relación directa o indirecta con la institución que dirigen.

A esto se suma la ley orgánica de ASSE y la normativa que regula la conducta de los funcionarios públicos, que buscan evitar situaciones en las que la toma de decisiones pueda verse influida —o percibida como influida— por intereses privados.

Desde el oficialismo, en tanto, se ha buscado relativizar el alcance de la incompatibilidad argumentando que Danza actúa como médico asistencial en régimen parcial y que su labor clínica no interfiere con sus funciones de gestión. No obstante, dirigentes del sector reconocen en voz baja que el dictamen de la Jutep —que se conocerá en las próximas horas— será determinante para definir los pasos a seguir.

El episodio adquiere especial relevancia en el contexto del inicio de la administración Orsi, que ha procurado instalar un discurso de transparencia y ética en la gestión pública. El pronunciamiento de la Jutep podría derivar desde una observación administrativa, hasta una recomendación de cese, aunque la decisión política final corresponderá al Poder Ejecutivo.

La definición, por tanto, es inminente.