El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, asistió a la 92.ª Asamblea Anual de la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria, en Montevideo. En la oportunidad, se realizó un balance de la situación del sector granjero y se renovaron autoridades de la institución. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, destacó la resiliencia de los productores y repasó los apoyos otorgados por el Gobierno.
La actividad, desarrollada en la sede de la Sociedad en el barrio Paso de la Arena, también fue presenciada por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.
En su oratoria, Fernando Mattos destacó la labor del presidente saliente de la institución, Mario Sabbatini, y celebró la llegada asunción de Martín Bellenda como nuevo jerarca.
Además, hizo un análisis coyuntural de la producción granjera y afirmó que la crisis hídrica afecta notoriamente a esta rama de actividad agropecuaria. En este sentido, agregó que los tres niveles de gobierno deben tomar medidas para paliar la situación de los productores.
También remarcó que la zona de Montevideo y Canelones rural es clave en la producción hortofrutícola nacional y que se debe velar por su productividad. El secretario de Estado valoró la necesidad de buscar soluciones de largo plazo para acumular agua para riego y contar con nuevas fuentes de agua para este fin.
Por su parte, Mieres reconoció la vigencia y trabajo de la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria. Asimismo, indicó que el Parlamento Nacional aprobó recientemente una medida de apoyo al sector para contrarrestar los efectos de la crisis hídrica que atraviesa el sector.
Este apoyo radica en que los aportes patronales para la seguridad social de los productores granjeros correspondientes a 2023 sean atendidos por el Fondo de Fomento de la Granja, dependiente de Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), para atenuar la carga presupuestal de cada establecimiento.
Yamandú Orsi presentará su gabinete el martes 17 y marca prioridades para su gobierno
Expresó reparos sobre el proyecto Arazatí, señalando que si se firma durante el actual gobierno generará obligaciones que deberán cumplirse