La problemática de las horas extras no justificadas dentro de la Intendencia de Artigas, específicamente en Bella Unión, ha sido objeto de intenso debate entre las autoridades locales y la Asociación de Empleados Municipales de Bella Unión (AEMBU). Las recientes declaraciones del presidente de AEMBU, Marcelo Da Col, tras una reunión con la intendenta departamental, revelan las tensiones y los desafíos en torno a este tema, que afecta a decenas de funcionarios y plantea serias dudas sobre la transparencia y justicia en la administración pública.

Contexto: Reuniones y problemáticas a nivel municipal

La reunión solicitada por la Federación de Funcionarios Municipales de Bella Unión fue el resultado de un congreso en Fray Bentos donde se abordaron diversas problemáticas a nivel nacional. Este encuentro, celebrado en un clima de diálogo abierto, tenía como objetivo encontrar soluciones concretas a las dificultades que enfrenta el personal municipal, entre ellas, el uso y abuso de las horas extras.

Uno de los puntos más críticos abordados fue el proceso de sumarios iniciado contra unos 60 funcionarios que presuntamente habrían cobrado horas extras sin justificación, un hecho que está siendo evaluado por la intendencia. Da Col, al respecto, dejó claro que no todos los casos son iguales y que hay situaciones, como las de los guardas sanitarios durante la pandemia, que sí estarían justificadas debido a la naturaleza de su labor esencial en tiempos de crisis sanitaria.

El abuso de horas extras y los sectores involucrados

Uno de los principales problemas que destacó Da Col fue la falta de control y las irregularidades detectadas en el uso de horas extras. Según sus declaraciones, hay ejemplos evidentes de abuso, como el caso de altos funcionarios de la intendencia (directores de grado 7 o superior) que, según el presidente de AEMBU, no pueden justificar el cobro de horas extras dado que sus responsabilidades no lo requerirían. Este hecho, calificado como “indefendible” por Da Col, contrasta con otros sectores como los albañiles, recolectores de basura, guardas sanitarios y personal del cementerio, quienes sí justificaron sus horas adicionales de trabajo.

Uno de los aspectos más preocupantes señalados en la entrevista es la existencia de casos graves donde se detectó que presos cobraban horas extras o personas que recibían estos pagos sin haber registrado entrada ni salida en sus jornadas laborales. Esto expone una falla grave en el sistema de control y adjudicación de horas extras en la intendencia, planteando preguntas sobre quién permite y gestiona estos pagos irregulares.

Responsabilidades y cuestionamientos sobre los sumarios

Da Col fue enfático en señalar que la responsabilidad por el cobro irregular de horas extras no recae únicamente en los trabajadores, sino en las personas encargadas de adjudicar estos beneficios. Según él, alguien dentro de la administración tiene que haber aprobado los pagos a aquellos que no tenían justificación, y esto debe ser investigado de manera transparente. En este sentido, la famosa frase que Da Col emplea, “la culpa no la tiene el chancho sino el que le rasca el lomo”, subraya que el problema mayor radica en quienes gestionan los recursos humanos y no necesariamente en los funcionarios que los reciben.

El Presidente de AEMBU también cuestionó la confiabilidad del proceso de sumarios, señalando directamente al doctor García da Rosa, quien, según Da Col, ha actuado como juez y parte en investigaciones anteriores, lo que ha generado desconfianza en el gremio. Este abogado ya fue cuestionado en una denuncia por acoso sexual en la Dirección de Tránsito, donde, según Da Col, no se recogieron los testimonios de manera imparcial, favoreciendo a la administración. Por este motivo, AEMBU ha solicitado que García de Rosa no sea el encargado de llevar adelante los sumarios actuales relacionados con las horas extras.

Transparencia y confianza en el proceso

Uno de los principales desafíos para la intendencia será asegurar la transparencia y equidad en el manejo de estos sumarios, algo que tanto los funcionarios municipales como la ciudadanía están observando de cerca. La confianza en las instituciones y en el proceso disciplinario es fundamental para mantener la paz social y laboral en un momento donde la legitimidad de las autoridades está siendo cuestionada.

Para AEMBU, la falta de confianza en el manejo de los sumarios no es solo un problema técnico, sino un problema de fondo que refleja una administración que, según ellos, no está priorizando la justicia y la verdad en sus procedimientos. Es fundamental que la intendencia tome medidas claras para demostrar que los responsables de las irregularidades, tanto aquellos que abusaron del sistema como los que lo permitieron, sean sancionados de manera justa.

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La situación en la Intendencia de Artigas, pone de relieve la necesidad de mayor control y transparencia en el uso de los recursos públicos, específicamente en lo que respecta a las horas extras. Las declaraciones de Marcelo Da Col han dejado claro que existen irregularidades serias en la adjudicación de estos pagos, y que no todos los casos deben ser tratados de la misma manera. Mientras los sumarios siguen en proceso, la confianza en quienes los dirigen es una cuestión clave que debe ser resuelta para asegurar un resultado justo y equitativo.

Este caso es un reflejo de una problemática más amplia que afecta a la administración pública en Uruguay, donde la falta de controles efectivos y la posible manipulación de los recursos pueden generar un clima de desconfianza entre los funcionarios y la ciudadanía. La respuesta de la intendencia y la manera en que se manejen estos sumarios marcarán un precedente importante para el futuro de la gestión municipal.