Defensoría Pública de Artigas reclama mayor apoyo y recursos para atender la creciente demanda judicia

La doctora Katia Paz aseguró que la situación es insostenible: “Somos dos defensoras penales para más del 75% de la población carcelaria del departamento”
La Defensoría Pública atraviesa una situación crítica en el departamento de Artigas debido a la falta de recursos humanos e infraestructura para atender la creciente demanda judicial. Así lo manifestó la doctora Katia Paz, defensora pública penal, tras una reunión mantenida con el diputado Nicolás Lorenzo, en la que se expusieron las dificultades estructurales que enfrenta el servicio.

Una sobrecarga que no da tregua

Según explicó Paz, junto a su colega la doctora País, se r parten la totalidad de los casos penales en el departamento.
“La población carcelaria de Artigas es en un 75% u 80% atendida por la Defensoría Pública. Somos dos defensoras que trabajamos en turnos quincenales y, en los contras turnos, además de atender a fiscales y detenidos, debemos realizar visitas a la cárcel y asumir múltiples responsabilidades. Realmente no nos dan los tiempos”, señaló.
La situación se agrava porque todos los reclusos de Bella Unión, al no contar con centro penitenciario, son trasladados a Artigas, sumándose así a la carga de trabajo local. A ello se añaden los trámites vinculados a las familias de los reclusos, que acuden con solicitudes por razones médicas u otras necesidades.

Licencias sacrificadas para  preparar juicios

Paz también denunció la falta de respaldo para preparar juicios, lo que obliga a las defensoras a trabajar incluso durante sus licencias.
“Ahora mismo mi compañera está preparando un juicio y debe utilizar días de licencia porque no hay quien la cubra. El principio de inocencia rige para todas las personas, y hasta que no haya condena, tienen derecho a una defensa adecuada. Pero con esta estructura, es muy difícil cumplir con ese mandato”, subrayó.

Escasez de recursos y pericias retrasadas

Otro de los puntos críticos es la falta de presupuesto e infraestructura para pericias y estudios técnicos, fundamentales en los procesos judiciales.
“No tenemos ningún presupuesto propio. Dependemos del ITF, que cuenta con un único perito para toda la ciudad, tanto para materia de familia como para penal. Siempre estamos atrasados y, lamentablemente, la Defensoría suele quedar última en la lista”, explicó.

Un reclamo con respaldogremial

Ante este escenario, la Defensoría Pública se declaró en conflicto a nivel nacional, solicitando la creación de más cargos y el fortalecimiento del servicio.
“Es evidente que se necesita más personal. Basta con ir los primeros días de cada mes a la Defensoría y ver las filas que se forman. Pedimos el apoyo de los representantes nacionales porque el sistema judicial tiene dos patas: la Fiscalía y la Defensoría. Si una de ellas se debilita, todo el sistema se resiente”, remarcó Paz.

Expectativas tras la reunión

La reunión con el diputado Lorenzo fue calificada como productiva por la profesional, quien valoró la disposición del legislador a escuchar y trasladar el planteo al Parlamento.
“La idea es que los representantes se comprometan a votar a favor de lo que se reclama. No pedimos privilegios, pedimos condiciones mínimas para garantizar el derecho a la defensa”, concluyó.