Se suspendieron definitivamente los lanzamientos en el complejo Andrés Artigas

El presidente de la Junta Departamental de Artigas, Nelton Barreda, confirmó que el Banco de Previsión Social (BPS) detuvo los desalojos previstos en el complejo de núcleos básicos evolutivos. Las 104 viviendas serán transferidas al Ministerio de Vivienda, que realizará un relevamiento socioeconómico de las familias ocupantes.

Gestiones políticas que evitaron más de un centenar  de desalojos

El complejo Andrés Artigas, conformado por 104 viviendas de núcleos básicos evolutivos, fue recientemente el centro de una situación de tensión y preocupación entre sus habitantes, tras conocerse la existencia de órdenes de lanzamientos y desalojos programados por el BPS.
El presidente de la Junta Departamental de Artigas, Nelton Barreda, explicó en conferencia de prensa que se trataba de un tema “importante y sensible para la población”, ya que el primer lanzamiento estaba previsto para el 19 de septiembre y existía la posibilidad de que 89 más fueran ejecutados en las semanas siguientes.
“Cuando tuvimos conocimiento del desalojo, la Junta me encomendó hacer las gestiones necesarias para detenerlo. Nos comunicamos con la presidenta del BPS, la presidenta, escribana Jimena Pado, y con la directora Bonse. Logramos una prórroga de un mes para ese primer lanzamiento, pero ante la posibilidad de más desalojos, decidimos profundizar las gestiones”, relató Barreda.
El pasado viernes 3 de octubre, una delegación multipartidaria de la Junta —encabezada por Barreda e integrada por los ediles Wilfredo Correa (Espacio de los Pueblos Libres), Andrés Rodríguez (Partido Colorado), Miguel Castro (Frente Amplio) y Mónica Vaz Martín (Partido Nacional)—
“La reunión fue muy positiva. Fuimos recibidos en muy buenas condiciones por la presidenta y la directora del BPS, con quienes intercambiamos información y planteamos nuestra preocupación. Lo importante es que logramos un resultado concreto: los lanzamientos fueron suspendidos definitivamente”, señaló Barreda.
El BPS resolvió transferir las viviendas al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), que se encargará de evaluar la situación socioeconómica de cada familia y determinar los planes habitacionales más adecuados para su regularización.

Familias ocupantes y un problema que se arrastra desde hace décadas

Barreda explicó que la mayoría de las familias que actualmente habitan el complejo son ocupantes, debido a las características del proyecto original.
“En principio, las viviendas fueron construidas para beneficiarios del BPS con ciertas condiciones, pero con el paso del tiempo, muchos jubilados se fueron, fallecieron o cedieron sus casas a familiares. Hoy solo quedan cinco o seis jubilados que pasarán a ocupar nuevos núcleos en calle Bernardini Fragoso de Rivera”, indicó.
Esta situación dejó a decenas de familias en una condición de ocupación precaria, sin títulos ni respaldo jurídico, y expuestas a posibles desalojos.

Wilfredo Correa: “Desde su  origen, el proyecto tuvo fallas estructurales”

Porsu parte, el edil Wilfredo Correa, quien participó en la reunión con las autoridades del BPS, amplió el panorama sobre los problemas de fondo. Según explicó, el sistema de núcleos básicos evolutivos presentaba desde su creación, en 1999, serias deficiencias habitacionales y sociales.
“Desde que se construyeron, hubo fallas en el sistema. Eran viviendas de un solo ambiente, sin puertas interiores, sin revestimiento en los baños ni agua caliente. Eran estructuras mínimas que no garantizaban condiciones dignas de vida”, señaló Correa.
Además, explicó que los beneficiarios no podían convivir con personas que no fueran también beneficiarios del BPS, lo que generó aislamiento y desinterés en ocupar esas viviendas.
“Muchos no querían ir a vivir ahí, porque además las calles no estaban iluminadas y no existía infraestructura adecuada. Para personas mayores, eso era una dificultad enorme”, añadió.

Denuncias, ocupaciones y posibles irregularidades en la gestión

Con el paso de los años, la falta de mantenimiento y supervisión llevó a que muchas de esas viviendas fueran ocupadas por familias vulnerables, principalmente madres con hijos.
“El BPS no realiza desalojos, por lo que las denuncias quedaban registradas, pero sin resolución efectiva”, explicó Correa.
Durante la reciente reunión los ediles también conocieron un dato que calificaron como “no menor”: la existencia de estudios de abogados privados que habrían estado gestionando los lanzamientos por cuenta de empresas administradoras de las viviendas.
“El BPS nos confirmó que investigará de dónde provienen los cedulones con las órdenes de lanzamiento y qué estudio jurídico está detrás. Hay que determinar si esas empresas actuaron correctamente o excedieron sus funciones”, señaló el edil.

El esfuerzo conjunto de la Junta Departamental de Artigas y la apertura al diálogo por parte del BPS permitieron detener un proceso que amenazaba con dejar en la calle a más de un centenar de personas.
“Nos pareció oportuno hablar cara a cara, porque por teléfono  no se resuelven estas cosas.
Gracias a esa reunión, logramos destrabar una situación muy compleja. concluyó Wilfredo Correa.