FALSIFICACIÓN EN EL CASO CARDAMA: UN INFORME NOTARIAL ESPAÑOL DESNUDA IRREGULARIDADES GRAVES

Un documento “absolutamente falso”

El escándalo en torno a las patrulleras oceánicas encargadas por Uruguay al astillero gallego Cardama sumó un nuevo capítulo tras la difusión de un informe notarial español que califica como “absolutamente falsas” las copias del acta presentadas ante el Ministerio de Defensa Nacional (MDN). El documento, de 43 páginas, fue elaborado por el notario madrileño Ignacio Martínez-Gil y entregado al gobierno uruguayo el pasado 8 de noviembre.
Martínez-Gil concluye que el acta de manifestación que acompañaba la garantía de fiel cumplimiento —emitida por Eurocommerce Bank, un banco británico que resultó ser inexistente— no solo es apócrifa, sino que además presenta irregularidades tan evidentes que no podrían haber pasado inadvertidas ante una lectura atenta.

Una maniobra burda y “propia de un ignorante”

El informe no escatima en calificativos. Martínez-Gil señala que las copias del acta son una “clara falsificación” confeccionada por alguien “absolutamente ignorante” de la normativa notarial española. Los errores formales, el uso indebido de papel timbrado y la manipulación del documento original evidencian, según el experto, un modus operandi primitivo y sorprendente para una operación de esta magnitud.
El análisis identifica que el procedimiento habría consistido en arrancar el último folio de una copia auténtica expedida por el notario Luis Calabuig de Leyva y adherirlo a un documento fabricado “ad hoc”, impreso en papel ordinario. De esta forma, se pretendía darle apariencia de autenticidad a un contenido confeccionado con fines fraudulentos.

Fechas imposibles y contra dicciones evidentes

Una de las señales más contundentes de la falsificación está en las fechas. El acta aparece fechada el 25 de noviembre de 2024, pero las copias presentadas ante el MDN figuran como expedidas el día 26. Pese a ello, el documento sostiene que ya se habían emitido dos copias con anterioridad, el 14 y el 18 de noviembre, algo que el notario madrileño calificó directamente como “ontológicamente imposible”.
“Es imposible expedir copia de un documento que todavía no existe”, escribió Martínez-Gil, enfatizando así la manipulación del contenido y reforzando la tesis del fraude.

Un antecedente ignorado: 
advertencias previas

Antes de que el escándalo se hiciera público, el estudio Delpiazzo Abogados había advertido en varias oportunidades a la administración anterior del MDN sobre las “desprolijidades” contenidas en la documentación presentada por Cardama. Entre ellas, justamente, la copia del acta supuestamente firmada por Calabuig de Leyva.
No obstante las advertencias, el gobierno avanzó con la compra de las dos embarcaciones, valuadas en 82 millones de euros. La garantía de fiel cumplimiento —por un monto superior a los cuatro millones de euros— fue aceptada, lo que habilitó el pago de la primera cuota del contrato en diciembre de 2024.

Eurocommerce, el banco fantasma

El aval presentado por Cardama estaba respaldado por Eurocommerce Bank, una entidad británica que, tras la investigación periodística y notarial, terminó confirmándose como una empresa fantasma.
Su inactividad derivó en la reciente eliminación del registro comercial del Reino Unido.
En el acta falsificada se certificaba que Francisco Sabater Cabanes había acudido ante el notario Calabuig para afirmar que Alex Walsh tenía “facultades suficientes” para suscribir el aval en nombre de Eurocommerce. Según Martínez-Gil, el objetivo era “reforzar la apariencia de regularidad” de una operación que, en realidad, carecía de respaldo legal y bancario real.

Impacto en Uruguay: análisis en Defensa y Presidencia

El informe fue remitido a Presidencia y al MDN, donde actualmente se analiza su contenido. El documento será incorporado en los próximos días a la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos, encabezada por el fiscal Alejandro Machado.
El notario español concluye que el MDN está “plenamente legitimado” para solicitar información al notario Calabuig de Leyva, quien ya expresó su interés en colaborar para esclarecer lo ocurrido y desligarse de toda responsabilidad.

Responsabilidades aún por determinar

Aunque el informe detalla el mecanismo de falsificación, todavía no está claro quiénes participaron en la maniobra ni qué papel jugó cada uno en la confección y circulación del documento. Las investigaciones en Uruguay y España continúan abiertas, mientras crece la preocupación por el impacto institucional y económico del caso.
La compra de las patrulleras, que ya estaba rodeada de cuestionamientos técnicos y financieros, ahora se ve atravesada por un escándalo de presunta falsificación documental a nivel internacional, que amenaza con derivar en consecuencias judiciales de amplio alcance.