Justicia rechazó frenar la campaña contra las cotorras y se reaviva la polémica ambiental

Continúa la controversia en torno a la mejor estrategia para combatir la proliferación de cotorras, aves que provocan severos daños en los montes frutales del país. El juez de lo Contencioso Administrativo Juan José Benítez Caorsi desestimó una acción presentada por la Plataforma Animalista, que había solicitado cesar la campaña impulsada por el gobierno por considerar que genera impacto ambiental.

Tras el fallo, la organización anunció que buscará acceder a la resolución completa para evaluar una eventual apelación. Así lo confirmó a El País Karina Kokar, integrante del colectivo.

El plan oficial y el uso de cebos tóxicos

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) pretende implementar un acuerdo con el Ministerio de Defensa para que, mediante maquinaria del Ejército, se aplique un cebo tóxico elaborado a base de Thiacloprid, Carbosulfam y Metiocarb.

La sustancia sería untada en la boca de los nidos de las aves, que generalmente se ubican en la copa de árboles altos —como eucaliptus— a entre ocho y diez metros de altura.

Desde la Plataforma Animalista cuestionan duramente la iniciativa. Kokar calificó los productos como “altamente tóxicos” y sostuvo que no existen estudios concluyentes que demuestren que las cotorras constituyan efectivamente una plaga. También señaló la ausencia de investigaciones sobre alternativas no letales, como cebos esterilizantes.

“Desde 1947 se hace lo más fácil para el Estado, que es matar cotorras. Entendemos la problemática de los agricultores, pero lo hecho hasta ahora no ha sido una solución”, afirmó.

Cuestionamientos legales y ambientales

La abogada del grupo animalista, Lorena Silva, explicó que “la administración debe cumplir requisitos legales, contar con un plan coordinado y documentado, para recién después autorizar un programa y permitir el uso de químicos, cosa que no sucedió”.

Sostuvo además que la iniciativa del gobierno implica “crueldad” hacia los animales y que se omitió realizar una Evaluación de Impacto Ambiental, tal como exige la ley 17.283.

Durante la audiencia, un técnico del MGAP reconoció que existe la posibilidad de utilizar cebos esterilizantes, aunque admitió que estos no estarían disponibles antes de 2028.

También comparecieron técnicos de UTE, quienes expusieron ante el magistrado las dificultades que generan los nidos de cotorras en la red eléctrica, especialmente en líneas de media tensión.

Zonas afectadas y urgencia productiva

El gobierno pretende iniciar la campaña en Colonia, San José, Canelones y Montevideo, con el objetivo de hacerlo antes de marzo, cuando comienza la cosecha de manzanas, una de las frutas más afectadas por el accionar de las aves.

Según el protocolo previsto, los productores deberán enterrar los restos de las cotorras en un plazo máximo de 48 horas, para evitar que sean ingeridas por otros animales —perros, zorros, corderos, caranchos o gatos— que podrían sufrir intoxicaciones secundarias.

Productores rechazan alternativas como las mallas

Desde el movimiento ambientalista se plantea el uso de mallas protectoras en los montes frutales, aunque los productores se muestran escépticos frente a esta opción.

Atilio Quercini, productor de manzanas en 26 hectáreas en el paraje Cuatro Piedras, cerca de Progreso (Canelones), aseguró que esta alternativa no es viable.

“Las mallas son muy caras, las cotorras las rompen, las mastican como si nada y, además, requieren mucha mano de obra para instalarlas. El viento las desacomoda”, explicó.

“El 50% de las manzanas ya las comieron”, se lamentó. “Estaría buenísimo usar un producto anticonceptivo, pero para 2028, si esto sigue así, yo ya tengo que cambiar de rubro”.

Las cotorras se alimentan principalmente de manzanas, duraznos y peras, y han comenzado a atacar también melones y uvas de mesa. “No dejan nada”, afirmó Quercini, describiendo que durante el verano, en las tardes y tras las horas de mayor calor, las bandadas arrasan con los cultivos.

La problemática afecta especialmente a Progreso (Canelones), Colonia Wilson (San José) y Melilla (Montevideo rural), donde la tensión entre productores, autoridades y ambientalistas sigue en aumento.