Juristas internacionales piden ante la CPI arrestar a Maduro

Juristas internacionales presentaron este fin de semana una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y su cadena de mando por crímenes de lesa humanidad, y exigieron a la oficina del Fiscal de la CPI Karim Khan que emitan órdenes de arresto y lleven adelante medidas coercitivas en el marco de las facultades que les confiere el Estatuto de Roma.

Entre las instituciones señaladas como cadenas de mando mencionan a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y la Guardia Nacional Bolivariana, y grupos paramilitares conocidos como «colectivos».

La petición de los juristas, dirigida a la Oficina del Fiscal, en el marco de la investigación en curso «Venezuela I», informa sobre la situación en Venezuela tras las elecciones del 28 de junio y da cuenta de “numerosos crímenes de lesa humanidad, tal como se definen y tipifican en el art. 7 del Estatuto de Roma, contra la indefensa población civil venezolana, especialmente líderes políticos, miembros de la oposición y civiles que han participado en manifestaciones pacíficas para exigir el respeto a la voluntad popular que eligió al embajador Edmundo González Urrutia como el nuevo presidente electo del pueblo venezolano en las elecciones”.

Consideran que se trata de “una victoria reconocida y anunciada por numerosos gobiernos e instituciones extranjeras, incluido el Centro Carter, una organización que observó el proceso, invitada por el propio gobierno venezolano, y que desconoce la transparencia y veracidad del resultado a favor de Nicolás Maduro”.

La Oficina del Fiscal de la CPI es el órgano responsable de examinar situaciones bajo la jurisdicción de la Corte en las que parezcan haberse cometido genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, y de llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos contra las personas presuntamente mayores responsables de esos crímenes.

La denuncia da cuenta de “crímenes atroces” que incluyen “detenciones arbitrarias”, “tortura”, “violaciones”, “ejecuciones sumarias” y “persecución política sistemática”, tras desatar una “feroz represión” llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad y otros actores vinculados al régimen de Nicolás Maduro después de las elecciones del 28 de julio.

Los juristas dicen que “no son casos aislados, sino parte de un patrón generalizado y sistemático” y que “los responsables de estos crímenes ocupan altos cargos en el gobierno, lo que indica una política de Estado dirigida a la represión de la disidencia”.

Afirman que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido “instrumentalizado para legitimar procesos fraudulentos y mantener el control político en Venezuela”.