Opinión: El verdadero debate no es controlar a los pobres, sino proteger a los niños

Las declaraciones de la diputada Julieta Sierra plantean un debate que merece ser abordado con seriedad y sin simplificaciones.

Nadie discute que las familias de menores recursos tienen derecho a decidir sobre su economía cotidiana. Sin embargo, cuando se trata de recursos públicos destinados específicamente a garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes, el foco debe estar en asegurar que ese dinero cumpla efectivamente el objetivo para el cual fue creado.

No se trata de "controlar a los pobres" por una cuestión de clase. Se trata de controlar el destino de fondos públicos, del mismo modo que el Estado controla cómo se ejecutan los recursos en cualquier programa social, obra pública o política gubernamental. La transparencia y la rendición de cuentas son principios que deberían aplicarse a todos por igual.

La experiencia demuestra que, en algunos casos, las transferencias monetarias pueden no traducirse directamente en beneficios para los menores. Existen situaciones en las que ese dinero termina utilizándose para otros fines, como la compra de cigarrillos, bebidas alcohólicas, celulares u otros gastos que nada tienen que ver con la alimentación, la educación, la salud o el desarrollo infantil. Negar que esos casos existen tampoco contribuye a mejorar las políticas públicas.

El verdadero centro del debate debería ser el interés superior del niño. Si un programa social nace para mejorar su calidad de vida, el Estado tiene la obligación de evaluar si ese objetivo realmente se está cumpliendo. Eso no implica estigmatizar a las familias beneficiarias, sino garantizar que los recursos lleguen a quienes fueron destinados.

Presentar la discusión únicamente como un enfrentamiento entre ricos y pobres corre el riesgo de desviar la atención de la pregunta fundamental: ¿están los niños recibiendo efectivamente el beneficio que la sociedad financia con sus impuestos?

Las políticas sociales deben combinar sensibilidad con responsabilidad. Ayudar a quienes más lo necesitan es una obligación del Estado, pero también lo es asegurar que esa ayuda produzca los resultados esperados. Controlar el cumplimiento de los objetivos de un programa no es desconfiar de los pobres; es proteger el interés de los niños y administrar con responsabilidad los recursos de todos los uruguayos.