Una crisis de Salud que trasciende los Decretos

Desde 2007, el decreto número 359/007 establece claros plazos de espera para acceder a consultas médicas en Uruguay. Según esta normativa, los prestadores de salud deben otorgar citas para medicina general, pediatría y ginecoobstetricia en un plazo de 24 horas, y para cirugía general en un máximo de 48 horas. Sin embargo, 17 años después, es evidente que este mandato no refleja la realidad del sistema de salud actual, particularmente en el interior del país.

La respuesta a la pregunta de si alguna institución de salud cumple estos plazos en la actualidad es un rotundo *NO*. La situación es aún más grave en los departamentos alejados de la capital, donde el acceso a especialistas y médicos en general es mucho más limitado.

Este problema no es nuevo, pero ha sido consistentemente ignorado por los sucesivos gobiernos que han optado por implementar políticas que no consideran las realidades locales. Los decretos, elaborados desde Montevideo, no responden a las condiciones que se viven en lugares como Artigas, Tacuarembó o Rivera.

El caso del Hospital de Artigas es emblemático. 

Según el Director, Dr. Arion Fontoura, entre 2019 y 2023, las consultas en la policlínica del hospital aumentaron en un 49,5%, alcanzando las 21,819 consultas adicionales en ese periodo. Este incremento refleja una creciente demanda que el sistema, a todas luces, no puede satisfacer. Las largas listas de espera, la falta de especialistas y las infraestructuras deficientes son solo síntomas de un problema estructural mucho más profundo: un sistema de salud nacional integrado que no da abasto.

Este no es un problema aislado de Artigas, sino una falla sistémica a nivel nacional. La falta de médicos y especialistas, especialmente en el interior, es un tema que no ha sido abordado con seriedad por los gobiernos anteriores. Si bien se han anunciado iniciativas y planes, los resultados siguen siendo insatisfactorios para los ciudadanos que dependen de un sistema que parece cada vez más colapsado.

¿Por qué, entonces, parece que el Hospital de Artigas está en el centro de la polémica?

La reciente multa al hospital ha sido interpretada por algunos como un ataque político, especialmente en un momento en que se planifica la creación de un centro de terapia intensiva (CTI) que nunca antes se pudo concretar. Es inevitable preguntarse si la noticia sobre el hospital de Artigas ha sido destacada para desviar la atención de otros prestadores de salud que también han sido multados. O quizás, es porque los intereses económicos de las mutualistas que históricamente se han beneficiado del sistema están siendo afectados.

Es momento de que los legisladores y futuros políticos enfrenten la realidad de este sistema de salud que está lejos de cumplir con los plazos que el decreto 359/007 establece. La demanda sigue en aumento, mientras que la oferta no se adapta a las necesidades de la población. El interior del país ha sido particularmente abandonado en esta materia, y la pregunta clave sigue siendo: ¿qué se hará para revertir esta situación? ¿Habrá voluntad política suficiente para poner en marcha las reformas necesarias?

Mientras tanto, los ciudadanos continúan sufriendo las consecuencias de un sistema que parece cada vez más alejado de sus necesidades, y los plazos establecidos en papel son solo una fantasía lejana.