La Caja de Profesionales Universitarios.

   Hace ya varios años se escuchan rumores de la que la comúnmente llamada Caja Profesional (CJPPU) está fundida. Todos los profesionales universitarios, con excepción de los Escribanos pagamos la Caja Profesional. Para poder ejercer la profesión debemos aportar mensualmente sumas bastante elevadas de dinero según la categoría en que nos encontremos. Existen categorías clasificadas de la 1 hasta la 10, a mayor categoría más alto es el ficto del valor fijado por el directorio de nuestra caja. Los recién egresados están en la categoría 1 y cada 3 años van cambiando, van subiendo, salvo solicitud de mantenerse en una que le convenga estar según sus ingresos. Así estamos los profesionales. 

  Hoy también existen muchos profesionales que se han declarado en no ejercicio y por lo tanto no aportan a la CJPPU. Así como también hay muchos endeudados con esta institución con deudas impagables.

  Aparte de pagar para ejercer, al mismo tiempo estamos generando derecho a nuestra jubilación. Pero nuestra caja no se conforma sólo con los aportes, además cobran timbres. Cada vez que firmamos un documento  para ser presentado a alguna oficina pública amerita aportar, porque se supone que estamos cobrando honorarios por nuestro trabajo y tenemos que pegar esas figuritas con valores de $ 41 para arriba según la importancia del asunto. A vía de ejemplo cualquier petición a ser presentada ante cualquier oficina pública administrativa del Estado amerita el aporte del timbre del valor de $ 250.

   En definitiva los profesionales universitarios, aparte de pagar mensualmente nuestra caja debemos pagar timbres para trabajar. Así se paga para trabajar en el Uruguay. 

  Aunque rechazó el término “salvataje”, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, anunció la semana pasada en una rueda de prensa que el Estado evalúa brindar asistencia financiera a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). Textualmente dijo: “Yo, como responsable del Estado, quiero poner la menor cantidad de dinero posible, porque ese dinero que tengo que poner allí no lo puedo afectar a otras prioridades que son muy relevantes para el país, pero al mismo tiempo entendemos que esto es una negociación que está abierta”, manifestó en la prensa.

  Asimismo, Oddone señaló que, si bien “va a haber cosas diferentes”, los “cambios” que propondrá el Poder Ejecutivo para la CJPPU “no son sustancialmente distintos a lo que estaba contenido en la ley”, en referencia a la reforma impulsada por el anterior gobierno, que fue rechazada en el Parlamento en 2023 y que establecía, entre otras cosas, un aumento de la tasa de aportación, un nuevo impuesto para los profesionales jubilados y “transferencias” desde Rentas Generales hacia la caja paraestatal. Pero Oddone no dio mayores detalles al respecto: “Preferiría ser cuidadoso en adelantar cosas que se están discutiendo”.

 El Poder Ejecutivo ya le había transmitido a la CJPPU que otorgará un aporte financiero en el corto plazo. Así lo señaló el director Fernando Rodríguez Sanguinetti en una de las últimas sesiones del directorio, tras reunirse con el director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico: “Me manifestó que el Estado tendrá que aportar dinero y que él está escuchando todas las posiciones sobre la caja”, contó Rodríguez Sanguinetti, según consta en la versión taquigráfica de sus palabras.

   Di Doménico señaló que la CJPPU es actualmente un instituto de seguridad social “desequilibrado”, ya que “su estructura de ingresos no cubre su estructura de egresos”. Reiteró que para abordar la situación “tiene que haber una asistencia de shock” “No podemos ir con medidas graduales en el tiempo, tienen que ser medidas de ajuste financiero de shock”, resaltó.

  Acerca del tipo de aporte financiero que hará el Estado, ya sea una transferencia, un préstamo o una garantía soberana para un crédito bancario –como ocurrió con la Caja Bancaria–, Di Doménico señaló que el instrumento “todavía no está definido”. “A priori, no descartamos ninguna alternativa de asistencia”, expresó; y mencionó que el gobierno aún está “actualizando la información financiera y actuarial que no teníamos”.

“Tenemos que ir viendo cómo construimos ese equilibrio para preservar el principio de solidaridad entre los afiliados a la caja, y ese equilibrio con la solidaridad implícita que surge de la sociedad que, a través de Rentas Generales, concurren a evitar un mal mayor”, manifestó el jerarca.

 Di Doménico apuntó además que, por disposición constitucional, “el Estado tiene en última instancia la responsabilidad de toda la gestión de la seguridad social y también de las instituciones paraestatales, como es la Caja de Profesionales”.

Consultado al respecto, Rodríguez Sanguinetti dijo en los medios de prensa que el Estado tiene la obligación de asistir financieramente a la CJPPU no sólo porque así lo establece la Constitución, sino porque “el Estado ha sido arte y parte en los problemas de la caja” por intermedio de los representantes del Poder Ejecutivo en el directorio del organismo previsional. “No es ni una contribución, ni un salvataje, ni tampoco un ‘vamos a ver cuánto menos podemos poner’... Es una obligación del Estado”, según él.

  Escuchando y leyendo en los medios de prensa esas palabras textuales de los directores de nuestra caja parece mentira. Quienes concurrimos asiduamente a la Sede nos asustamos de la infraestructura de aquel moderno edificio ubicado en calle Andes esquina Uruguay, pleno centro de Montevideo. Se parece a un moderno Banco con muchos funcionarios que ganan muy bien.

 Seguramente hace varios años que se la administra mal y ese es el principal motivo de su crisis económica y todo parece indicar que en un futuro cercano pasará a ser parte del BPS. Algo nunca soñado.