Artigas entre los más pobres: una deuda histórica que interpela a todos

Una vez más, el departamento de Artigas aparece en los últimos lugares del país en los indicadores de pobreza. Según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2024, y con una nueva metodología que amplía el alcance de las carencias, Artigas se encuentra dentro de la franja de mayor pobreza junto a Rivera y Cerro Largo. Esta no es una noticia nueva, ni sorprendente. Es, lamentablemente, una reiteración crónica de un drama social que parece haberse naturalizado en la agenda nacional y departamental. Y eso es, quizás, lo más grave.

La pregunta se impone con fuerza: ¿a consecuencia de qué seguimos entre los más pobres? ¿Quiénes son los responsables de esta persistente marginación? ¿Hasta cuándo deberemos resignarnos a esta desigualdad geográfica? ¿Y quiénes —de verdad— podrán cambiar esta situación?

La pobreza en Artigas no es una fatalidad, es una consecuencia. Consecuencia de décadas de desinversión estructural, de políticas centralistas que han mirado al norte del país solo en períodos electorales, de gestiones departamentales que han privilegiado el asistencialismo clientelar por sobre el desarrollo productivo sostenido. Consecuencia, también, de una economía informal que se tolera porque contiene el conflicto social a corto plazo, aunque perpetúe la precariedad y el estancamiento. Y consecuencia, finalmente, de una fractura educativa y cultural que limita el acceso de miles de jóvenes a oportunidades reales de progreso.

Los responsables no son solamente los gobiernos de turno, sino también aquellos actores que, desde el poder político o empresarial, han preferido administrar la pobreza antes que combatirla. En este sentido, la pobreza es también una herramienta electoral para muchos: cuanto más vulnerable es una población, más manipulable resulta en tiempos de campaña. La falta de un plan sostenido de inversión, de diversificación productiva, de formación técnica alineada con las potencialidades del departamento, es una omisión que no puede justificarse con promesas vacías.

Pero Artigas no está condenado. La pregunta por el cambio no es solo retórica: ¿quiénes podrán revertir esta historia? La respuesta no depende exclusivamente del gobierno nacional. Depende de una nueva generación de dirigentes que entiendan el desarrollo no como un eslogan, sino como una construcción compleja y continua. Dirigentes que articulen con la educación, con la empresa privada, con las agencias de cooperación, con la sociedad civil. Que valoren la minería, sí, pero también el turismo, el comercio, la innovación tecnológica y la formación profesional. Que no usen la pobreza como argumento político, sino que la combatan con convicción política.

El reciente informe del INE, más allá de las cuestiones metodológicas, expone una verdad incómoda: seguimos fallando. Y mientras no asumamos que el desarrollo del país pasa necesariamente por equilibrar las oportunidades entre el sur y el norte, no habrá cifras que puedan esconder la realidad.

El cambio no será mágico, ni instantáneo. Pero empieza con una decisión ética y política: dejar de mirar a Artigas como una periferia lejana y empezar a pensarlo como lo que es —o debería ser—: parte vital de la nación.