Artigas Adelante responde a la auditoría del Tribunal de Cuentas

Tras la divulgación del informe del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) que cuestiona la gestión del programa Vale Emprender, impulsado por la exdiputada Valentina Dos Santos a través de la Intendencia de Artigas, el grupo político Artigas Adelante salió al cruce con una defensa pública del plan, acusando al organismo de control de actuar con “parcialidad” y de realizar una auditoría “exprés” con “intencionalidad política”.

Según el TCR, el programa —que distribuyó cerca de 17,8 millones de pesos, mayoritariamente provenientes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)— careció de controles internos adecuados, incurrió en errores de imputación contable y presentó “limitaciones significativas” en la documentación que respaldara las ayudas otorgadas a los 476 beneficiarios. Entre otras observaciones, se indicó la falta de detalle de ítems entregados, ausencia de pruebas de identidad o domicilio de los emprendedores y registros dispares de información en las carpetas analizadas.

Sin embargo, desde Artigas Adelante niegan enfáticamente estas conclusiones y sostienen que cada peso invertido fue certificado, que las entregas no fueron en efectivo sino en herramientas, maquinaria, materiales o materias primas, y que existe respaldo documental y fotográfico en cada caso. Además, señalan que los beneficiarios fueron visitados en sus domicilios o lugares de trabajo, donde se verificaron sus datos y se entregaron los insumos necesarios según el rubro del emprendimiento.

“Cada cosa que se compró tiene firma de recibo del emprendedor, con su cédula y constancia de domicilio acreditadas. Las carpetas están todas a disposición”, aseguran desde la agrupación.

También se destacó que el programa contemplaba capacitaciones, ferias y actividades de difusión del emprendedurismo, además de un mecanismo de seguimiento que, en algunos casos, incluyó el retiro de herramientas cuando el emprendimiento no se mantenía activo.

Uno de los puntos más duros de la defensa refiere a la actuación del Tribunal de Cuentas, al que acusan de no haber visitado Artigas para realizar la auditoría, lo que —según el grupo— provocó una distorsión de la realidad.

“El informe fue parcial y con una clara intencionalidad política. No respetaron los plazos legales para los descargos, y ni siquiera vinieron a constatar el funcionamiento real del programa en el territorio”, señalan.

La controversia ha generado reacciones encontradas en el ámbito político y ciudadano. Mientras desde la oposición se pide una investigación más profunda y mayor transparencia en la gestión de fondos públicos, los defensores del programa insisten en que Vale Emprender fue una herramienta real para potenciar microemprendimientos y formalizar actividades informales en todo el departamento.

En ese sentido, aseguran que el programa contribuyó a formalizar al menos 20 emprendimientos como monotributistas y que muchos beneficiarios hoy continúan desarrollando su actividad gracias al impulso inicial recibido.

La discusión no está cerrada. El informe del TCR podría ser utilizado como base para nuevas instancias de control o incluso para planteos judiciales, dependiendo de la actuación de los órganos competentes. Mientras tanto, lo cierto es que Vale Emprender ha quedado en el centro del debate sobre la gestión, el control y el uso de los recursos públicos con fines sociales y productivos