Humor pero enserio. (con ironía, desagrado y sin pelos en la lengua)

¡Ah, la política local! Ese teatro de las mejor vestidas contradicciones, donde aplaudimos la gestión con una mano mientras ocultamos los escándalos con la otra. Hoy el aplauso choca contra la realidad: un jerarca de la Intendencia de Artigas, reintegrado al puesto pese a antecedentes y señalamientos, condenado por agredir brutalmente a su pareja. No es una novela de horario estelar; es la vida real, esa que algunos insisten en domesticar con silencio institucional y guiones de conveniencia.
Primero, el casting: funcionario público, candidato, parte de una lista que pregona ejemplaridad. Después, el relato: mujer golpeada llega semidesnuda y ensangrentada pidiendo auxilio. Más tarde, la sentencia: ocho meses de prisión, libertad a prueba, arresto domiciliario nocturno por unos meses, trabajo comunitario y la ya mítica oferta de tobillera electrónica “si hay disponibilidad”. Un paquete de medidas que suena más a merchandising jurídico que a reparación real. ¿A quién protege esto, al Estado o al cargo?
Lo grotesco no termina ahí. Tenemos antecedentes: denuncias previas por agresión física y sexual; protocolos activados, medidas puestas —y luego retiradas—, causas archivadas, antecedentes borrados. La danza burocrática se repite: se enciende la alarma, se apagan las luces, y el protagonista vuelve a escena. Y mientras el telón baja, la ciudadanía se queda con las preguntas que nadie quiere contestar: ¿quién repara la vida de la víctima? ¿quién responde por la laxitud de las instituciones? ¿quién asume la responsabilidad política de nombrar y sostener a quien arrastra sombras tan evidentes?
Peor aún: en ese mismo cuadro hay quien, desde cargos públicos, parece creerse comediante de mal gusto. Una autoridad que afirma que “a las mujeres hay que cagarlas a palos todos los días” no merece defensa alguna; merece, por lo menos, destierro inmediato de la vida pública y el rechazo sin matices de cualquier fuerza que lo cobije. Y si esa persona pertenece —como se dice— al mismo círculo político de los reintegros y defensas cómodas, entonces no estamos ante un error aislado: estamos ante una cultura institucional podrida por la tolerancia y la complicidad.
No, no valen aquí los tecnicismos que suavizan: “libertad a prueba”, “trabajo comunitario”, “arresto domiciliario nocturno”. No sirven como pañuelo para secar la sangre ni como excusa para que las sillas en el despacho sigan ocupadas por quienes ponen en riesgo vidas. La justicia no puede convertirse en un catálogo de atenuantes preferenciales para quienes detentan poder. Y la política —esa que proclama principios— no puede convertir la supervivencia de sus miembros en un seguro contra la ley moral.
Quieren leer humor ácido, pues aquí va uno: celebramos la reinserción laboral, el “reintegro por archivo de causa” y la disponibilidad ocasional de tobilleras como si fueran medallas al mérito administrativo. ¡Bravo! Aplausos para el sistema que regula destinos y olvida a las víctimas. Aplausos para la política que promueve nombres y maquilla responsabilidades. Aplausos para quienes piensan que con una sanción simbólica alcanzó la reparación. El sarcasmo no alcanza para tanto cinismo.
Pitica no se conforma con la sonrisa irónica. Exige: investigación completa, sanciones políticas claras, protocolos que no sirvan sólo para el trámite y políticas públicas que protejan a las víctimas. Que la justicia no sea un decorado y que la responsabilidad política deje de ser un juguete para traslados de cargos. Porque nombrar y sostener jerarcas es también responder por sus acciones. Y aquí, querido lector, sobran las pruebas de que muchos prefieren el silencio cómplice a la valentía de hacer lo que corresponde.
Firmado,
Pitica — que piensa, se indigna y no se calla.